Ingesa deriva a las pacientes a centros concertados porque el equipo médico, al completo, es objetor.
La reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo que prepara el Ministerio de Justicia revisará los plazos para abortar y los supuestos en los que la mujer podrá acogerse a esta técnica. Un anuncio que ha devuelto a la actualidad una práctica controvertida por la implicación que tiene tanto para los derechos de la progenitora como de su descendiente.
Los casos de la ciudad autónoma que expresan su interés por acogerse a la interrupción voluntaria del embarazo, IVE, son remitidos a clínicas de referencia en la península, ya que el equipo médico de Ginecología “al completo es objetor y, por tanto, la interrupción no se practica por parte del Área Sanitaria de Ceuta”. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Ingesa, negó que se deba a carencias de instrumental o equipamiento.
Ante una solicitud de la IVE, la paciente es derivada al ginecólogo, quien practica las pruebas pertinentes para determinar el estado y tiempo de embarazo. El facultativo realiza un informe al respecto por parte del Servicio de Ginecología y Obstetricia que es remitido a Atención al Paciente, desde donde se facilita a la usuaria información sobre las prestaciones y políticas del Estado en relación con el embarazo.
A partir de ese momento, el doctor pide a la usuaria un periodo de reflexión de tres días. Si tras ese periodo, la paciente confirma su decisión de seguir adelante con el proceso, se deriva el caso a Evacuaciones, desde donde previa autorización de la Dirección Territorial se remite a uno de los centros de referencia en este ámbito del Ingesa de Ceuta: Clínica Sur, en Sevilla, y Clínica Campo de Gibraltar, en la vecina ciudad de Algeciras.
Según el Ministerio de Sanidad, 24 residentes en Ceuta abortaron de forma legal en 2011; la cifra se situó en 32 en 2010; y en 27 en 2009, es decir, que la tendencia ha sido descendente entre 2010 y 2011 a la espera de los datos oficiales del año pasado.
Algunos sectores políticos, profesionales y de la sociedad civil auguraron que la anterior reforma socialista, que introdujo la despenalización total del aborto hasta la semana catorce de gestación, provocaría un aumento de las interrupciones del embarazo. Tras el incremento en 2010, fecha de la aprobación de la ley, las cifras en la ciudad han caído hasta poco más de la veintena, según los cálculos de la Administración.
Los números
14
A petición de la mujer. En 2011, esta cifra solicitó el aborto por dicha razón; ocho por el riesgo de graves anomalías en el feto: uno por grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada; y otro caso por anomalía fetal incompatible con la vida, según el Ministerio.
8
Con la ESO o equivalentes. Del total en 2011, este número de casos tenía ese nivel de estudios; siete hicieron Bachillerato o FP; cuatro eran universitarias; y tres tenían estudios básicos.
12
Gestación hasta 8 semanas. Una docena de usuarias estaban por debajo de ese plazo; y seis entre la semana 17 y 20. La mayoría de las interrupciones se dieron entre los 20 y 34 años y la mayoría recibió la información en el Hospital.
