La perspectiva penal desde el punto de vista del Ministerio Fiscal centró el discurso de Teresa Peramato, reputada jurista Con un discurso vehemente y trementamente especializado, la Fiscal adscrita a la Fiscal de Sala contra la Violencia de la Mujer en Madrid, Teresa Peramato, abordó a media mañana los aspectos que ponen en relación al Ministerio Fiscal con un problemática que, como bien apuntó al inicio de su intervención, hay que conceptualizar para saber de qué estamos hablando. Así, abrió su charla con un repaso a qué se considera violencia de género y cómo abordan este asunto las diferentes legislaciones, tanto dentro como fuera de nuestro país. Desde la esbozada desde la Unión Europea, “que apunta el hecho de que en este tipo de violencia específica la mujer es la que la sufre de manera desproporcionada”, pasando por el punto de vista de las Naciones Unidas, donde se incluye el ámbito psíquico (amenazas o coacciones), hasta llegar a la Ley Orgánica 1/2004 que habla de una “protección integral a la violencia sobre las mujeres exclusivamente en el ámbito de la pareja, haya sido o no su esposa siempre y cuando se dé una relación análoga aunque no exista convivencia”.
En lo que se refiere a la desproporcionalidad, Peramato aportó algunos interesantes datos que demuestran que, mayoritariamente, este tipo de violencia es sufrida mayoritariamente por las féminas. La fiscal, que lleva en la carrera desde 1989, también reseñó brevemente la historia de la Fiscalía específica de Violencia para la Mujer en la que ahora mismo trabaja. “Nació en 2004 y la Fiscal de Sala es Soledad Cazorla. Como ante los diferentes casos pueden darse variedad de respuesta la función principal de este órgano es unificar criterios, pero cada caso es diferente”, informó.
Especial hincapié puso Peramato en hacer reflexionar al auditorio sobre si el ámbito doméstico, el hogar, es el único en el que las mujeres sufren violencia. “Nuestra actual ley ha sido en ocasiones muy criticada, pues se argumenta que la mujer vive la violencia de otras muchas formas pues puede provenir no solo de su pareja, sino también de un padre, un hermano... y en ocasiones también se da en la comunidad”, consideró. Así, planteó otros delitos como la mutilación genital femenina, la trata de mujeres o el matrimonio forzado.
“Hemos de ser críticos pero también justos, pues en casos por ejemplo de la mutilación genital femenina el legislador se ha encargado de modificar y endurecer la pena incluso si los casos se han producido en el extranjero”, comentó antes de poner como ejemplo los protocolos que ya se han puesto en marcha en Cataluña y Aragón para frenar este delito por el que se puede imponer una pena de entre seis y doce años de prisión. “En el último año los mossos d'Esquadra han realizado el seguimiento de 31 casos”, cuantificó, “acuden a los asentamientos de población proveniente de determinados países, se acercan e invitan a que se lleve a las niñas a una revisión pediátrica. A partir de ahí realizan un control obligatorio, en especial si esa familia viaja a su país de origen y regresa, haciendo revisiones antes y después del viaje”. Sobre el matrimonio forzado opinó que, desde su punto de vista, hace falta un tipo legislativo específico para ese problema ya que “es algo que va más allá de una coacción” y recordó que en la trata de mujeres se están haciendo grandes esfuerzos en coordinación con la Fiscalía de Sala de Extranjería.
