Los organismos de Tenerife, Gran Canaria y Mallorca consideran que aumentará un 50 por ciento el coste del transporte marítimo en las instalaciones no peninsulares.
El presidente de la Cámara de Comercio local, Luis Moreno, va a establecer contactos con sus homólogos de las comunidades balear y canaria ante la reforma de la Ley de Puertos que se tramita que se dilucida en la comisión estatal creada al efecto. Moreno también conocerá en los próximos días la opinión de las empresas locales que puedan verse afectadas por los cambios en la legislación .
Las claves son las tasas portuarias que beneficiaban a las puertos no peninsulares. La resolución del Tribunal de Justicia, decretada a instancias de la Comisión Europea, sentenció que España incumple la normativa comunitaria sobre la libre prestación de servicios al transporte marítimo por aplicar estas bonificaciones y exenciones en el pago de las tasas portuarias a los buques que navegan con origen o destino a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. El presidente de la Comisión de Fomento, Salvador de la Encina, que ejerce de piloto de las negociaciones por la nueva ley, aseguró que se había dado un encaje legal que mantenía en las mismas cifras las reducciones aplicadas a los puertos beneficiados.
Baleares y Canarias
Sin embargo, las cámaras de comercio de Santa Cruz de Tenerife, Mallorca y Gran Canaria mantienen sus dudas. Las entidades han unido fuerzas para frenar la reforma y se han dirigido a las distintos partidos con representación en el Congreso de Diputados para reclamar los perjuicios de la insularidad. En particular señalan a la tasa por Régimen de Pasaje que aumentaría un 50 por ciento el coste del transporte entre Península y los puertos afectados. Las tasa efectivamente se mantiene en la llegada a los puertos extrepeninsulares, pero no de la vuelta. En este caso la tasa queda reducida a un 20 por ciento. Otro de los puntos de controversia es el aumento, prácticamente el doble, para la tasa aplicada a los vehículos de más de cuatro metros, un tipo que, según las cámaras, representa prácticamente el 95 por ciento del tránsito total.
La solución que proponen es acogerse al espacio Schengen como justificación para las exenciones al garantizar el principio básico de igualdad de condiciones dentro del mercado comunitario. Este recurso plantearía sus dudas en Ceuta y Melilla, que se encuentran excluidas de este espacio comercial europeo.
