La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta dictó ayer sentencia por conformidad para los 15 imputados en un procedimiento de tráfico de drogas cuya investigación fue desarrollada en el año 2009 por agentes de la UDYCO de la Jefatura Superior de Ceuta.
Aunque los acusados eran todos de la península, además de un par de británicos, un marroquí y hasta un ciudadano de Santo Domingo, la investigación de todo el entramado de tráfico de estupefacientes que se traían entre manos nació de unas escuchas telefónicas que estaban realizando los agentes de esta unidad. Unas escuchas que les llevaron a conocer de la existencia de un grupo de personas que estaban detrás de la introducción de hachís en grandes cantidades desde Marruecos a la península. El juzgado de instrucción número 2 autorizó que la UDYCO de Ceuta continuará interviniendo teléfonos hasta dar con todos los implicados, llegando a vincularlos con tres pases distintos de hachís: uno de 814 kilos, otro de 557 y el último de 1.334, todos introducidos en zonas del sur peninsular como Isla Cristina (Huelva), Cabezas de San Juan y Lebrija (Sevilla) entre los meses de febrero y marzo de 2010. Los 15 acusados no están relacionados con todos los alijos, sino que por grupos aparecen vinculados con unos u otros. No obstante los tres pases fueron relacionados con el mismo procedimiento de ahí que se hayan unido en una causa única. El acuerdo, alcanzado por conformidad entre las partes, se cerró con penas no superiores a los 2 años para los máximos implicados (el que menos pena tiene es uno con 9 meses al estar causado de cómplice). La mayoría carece de antecedentes penales por lo que no deberán cumplir prisión, salvo en tres casos en los que las respectivas Defensas pidieron al tribunal que dicha condena fuera sustituida por multa evitando la entrada en pla cárcel ya que se trata de personas que han rehecho sus vidas y que en el momento de los hechos sufrían algún tipo de adicción. Las dilaciones indebidas se han tenido en cuenta como atenuante a la hora de rebajar las condenas acordadas entre las partes. De no haber existido acuerdo, las Defensas iban a solicitar la nulidad de las escuchas telefónicas, que fueron la clave original del operativo.
