Los acusados de integrar una trama de falsos contratos en Ceuta, que se destapó gracias a una investigación de la UCRIF del Cuerpo Nacional de Policía, se han sentado hoy en el banquillo ante el titular del Juzgado de lo Penal número 2.
Dada la cantidad de acusados, el juicio se ha tenido que celebrar en las dependencias de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta.
Son 7 en total, pero cinco de esos acusados han reconocido la acción delictiva cometida y aceptado las penas propuestas por la Fiscalía tras negociaciones con las defensas. Se ha retirado la acusación que pesaba sobre una mujer (defendida por la abogada María Cózar) y el séptimo de los acusados no ha reconocido el delito.
No se ha dictado sentencia, por lo que habrá que esperar a la resolución judicial que se dicte sobre unos hechos que se produjeron entre 2019 y 2022.
Estos hacen referencia a un grupo de personas que, gracias a la tapadera de una gestoría que funcionaba en pleno centro de Ceuta, realizaba contratos fraudulentos para que sus receptores obtuvieran así determinados beneficios.
Los siete acusados lo estaban por delito de falsedad documental, y se les asocia con una especie de pirámide delictiva.
Así, entre los años 2019 a 2022 se aprovecharon del acceso que tenían en el sistema red de la Tesorería General de la Seguridad Social para gestionar altas y bajas de trabajadores a cargo de empresas que desconocían de estas artimañas.
En esos tres años habrían logrado urdir un plan para formalizar contratos de trabajo ficticios forjando una supuesta relación laboral a espaldas de los dueños de los negocios cuyos datos fiscales eran empleados para esta ilegalidad.
Los contratos nunca se efectuaban para prestar servicio a los empresarios, sino que se hacían de manera fraudulenta para dar altas en la Seguridad Social y garantizar permisos administrativos de los ‘clientes’ ante otros organismos oficiales. El perjuicio generado era doble: primero a los empresarios por cuotas generadas en la Seguridad Social y después a la propia Tesorería.
Juicio: quiénes reconocen el delito y quiénes no
Cinco de los acusados han reconocido el delito, aceptando así el ofrecimiento de penas formulado por la Fiscalía, aunque las mismas quedarían en suspenso y sometidas al pago de la responsabilidad civil.
Así el llamado M.P.Z., que figura como administrador de la gestoría implicada y era el encargado del alta y baja de los contratos de las empresas, ha asegurado ante el juez que él formalizó el contrato de trabajo de los acusados. Todos sabían que iban a tener el contrato de trabajo, pero no tenían que ir a cumplimentar con ninguna jornada laboral.
En su declaración confesa ha reconocido que falsificaba esos contratos de trabajo ficticios para esas empresas. La Fiscalía ha pedido para él una pena de 2 años de cárcel y 9 meses de multa a razón de 3 euros diarios, que aceptaría la Defensa.
La acusada M.D.C. era empleada de esa gestoría y ha declarado que ella no dio alta a ningún trabajador ni tenía conocimiento de la trama. Se ha retirado la acusación contra ella.
Otro de los acusados, que firmó un contrato de trabajo e identificado como A.E.A., ha reconocido que esos contratos eran fraudulentos y nunca trabajó, habiéndolo firmado con el cabecilla, M.P.Z. Se le pide una pena de 11 meses de prisión y multa de 5 meses a razón de 3 euros diarios que deberá recogerse en sentencia.
El acusado A.A. ha reconocido también los hechos, es decir, la firma otro contrato fraudulento, pidiéndole la Fiscalía una pena de 6 meses de cárcel y una multa de 6 meses a 3 euros diarios en concepto de cuota.
La acusada L.M. también ha reconocido que aceptó, como este último, un contrato de trabajo falso, pidiéndole el Ministerio Público una pena de 1 año de prisión, además de una multa de 9 meses con una cuota diaria de 5 euros.
Otro acusado identificado como R. ha reconocido el delito y se enfrenta la pena de 6 meses de prisión y una multa de 6 meses con una cuota diaria de 3 euros.
Solo uno de los acusados llamado A.A. se ha acogido a su derecho a no declarar.
Declaraciones de los testigos
Hoy han podido declarar policías y dos de los perjudicados. Uno de ellos, un empresario de la pintura que ha reconocido que él nunca contrató a esas personas, sino que lo hicieron sin su conocimiento.
Nunca, de hecho, tuvo negociaciones con el cabecilla de esta trama. Sí que sufrió perjuicios, ya que tiene embargada la nómina y parte de mi casa, así como otra residencia peninsular. La cuenta de la comunidad de vecinos también está embargada por unos hechos ajenos a él.
Por parte de la Policía Nacional se ha concretado la investigación llevada a cabo, como descubrieron las altas de trabajadores que eran falsas y cómo todo se pudo esclarecer gracias a la denuncia de un testigo, que había comprobado que le llegaron reclamaciones de la tesorería a consecuencia del gestor.
A raíz de eso se empezaron a detectar la existencia de trabajadores dados de alta de manera ficticia.
Siempre era a través del sistema de red y a través de la consultora del cabecilla, el gestor M.P.Z. Se falseaban contratos, mientras que los empresarios afectados no tenían ni idea de ellos. Había casos de trabajadores que figuraban en 3 empresas.
El fin de todo ello era cobrar prestaciones y justificar medios económicos para regularizar a familiares directos o ellos mismos. Uno de los acusados regularizó a su mujer e hija, otra de la acusada a su pareja, por ejemplo.
El hilo se destapa cuando un empresario de la construcción de San Roque, da cuenta de unos hechos al trasladar a la UCRIF de Algeciras que tenía una empresa y le había llegado una carta de la Seguridad Social con trabajadores que no había dado alta.
El gestor era quien, a sus espaldas, les había dado de alta.
Ese empresario ha contado que le llegó a su casa una carta certificada de un embargo de un trabajador que ni lo conocía. “A partir de ahí, cambié de gestor, y vi que había más trabajadores dados de alta sin mi permiso”, ha indicado.
Y esto es lo que se pilla...la punta del iceberg. Lo que habrá por ahí...