El sindicato JUPOL, mayoritario en la Policía Nacional, informa de un nuevo hito judicial conseguido gracias al trabajo desarrollado por sus servicios jurídicos, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias haya acordado la apertura de una pieza separada para la imposición de multas coercitivas al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, por su reiterada negativa a ejecutar una sentencia firme favorable a un afiliado de JUPOL.
La sentencia, dictada el 1 de julio de 2024 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, reconoció el derecho de un policía nacional a percibir la compensación económica correspondiente a las vacaciones devengadas y no disfrutadas como consecuencia de una situación de incapacidad temporal que concluyó con su pase a segunda actividad.
"Pese a la claridad del fallo judicial y a su firmeza, la Dirección General de la Policía ha mantenido durante más de dos años una actitud de absoluta resistencia al cumplimiento de la resolución. Durante todo este tiempo, los servicios jurídicos de JUPOL han continuado impulsando de forma constante la ejecución de la sentencia, presentando los escritos y actuaciones necesarias para garantizar que se respeten los derechos reconocidos judicialmente a nuestro afiliado", explica el sindicato.
Dos años de incumplimiento judicial
La propia providencia dictada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias pone de manifiesto la "gravedad de la situación". El tribunal recuerda que la sentencia fue dictada en julio de 2024, que la ejecución forzosa se acordó en mayo de 2025 y que, pese a los numerosos requerimientos realizados por la autoridad judicial, "la Administración continúa sin cumplir lo ordenado ni ha alegado ninguna causa legal que justifique dicho incumplimiento".
"Ante esta situación, la Sala ha acordado iniciar el procedimiento para imponer multas coercitivas personales al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, advirtiendo expresamente que dichas sanciones económicas deberán ser abonadas con cargo a su patrimonio personal y que podrán reiterarse periódicamente hasta que la sentencia sea ejecutada de forma íntegra".
Además, el Tribunal advierte expresamente de la posible responsabilidad penal por desobediencia a la autoridad judicial derivada de esta conducta.
Una actuación inadmisible en un Estado de Derecho
"Desde JUPOL consideramos extremadamente grave que quienes tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de la legalidad y el respeto a las resoluciones judiciales sean precisamente quienes se sitúan al margen de ellas", ha proseguido JUPOL en un comunicado de prensa.
"Resulta intolerable que la Dirección General de la Policía obligue a los funcionarios a acudir a los tribunales para defender derechos que posteriormente se niega a reconocer incluso cuando existe una sentencia firme que así lo ordena. Más grave aún es que esta actitud haya obligado al Tribunal Superior de Justicia a adoptar medidas coercitivas personales contra los máximos responsables administrativos encargados de ejecutar la resolución".
"La actuación de la Dirección General de la Policía supone un preocupante desprecio hacia la tutela judicial efectiva, hacia los derechos de los policías nacionales y hacia el propio poder judicial, generando una situación que nunca debería haberse producido en una Administración pública sometida al principio de legalidad".
JUPOL seguirá defendiendo los derechos de los policías
"Desde JUPOL reafirmamos nuestro compromiso de continuar utilizando todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance para garantizar que los derechos de los policías nacionales sean respetados y para exigir responsabilidades cuando las resoluciones judiciales no sean cumplidas".
"Este nuevo pronunciamiento judicial demuestra una vez más la eficacia del trabajo desarrollado por los servicios jurídicos de JUPOL y evidencia que la perseverancia en la defensa de los derechos de nuestros compañeros acaba dando sus frutos, incluso frente a la resistencia injustificada de la propia Administración".
JUPOL continuará "vigilando el cumplimiento efectivo de esta sentencia y de todas aquellas resoluciones judiciales que reconozcan derechos a los policías nacionales, exigiendo que nadie, independientemente del cargo que ocupe, quede al margen del cumplimiento de la ley y de las decisiones de los tribunales".







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