La tecnología ha dado más de un quebradero de cabeza en la
sede judicial para la celebración de los juicios, pero se hace aún más complicado de entender cuando son los propios testigos los que tienen que acudir presencialmente y, por segunda vez, se tiene que suspender el acto por la no comparecencia de éstos a pesar de estar perfectamente citados.
Este hecho tiene sus consecuencias, ya que la magistrada del Penal 2 decidió multar a los agentes de la
Guardia Civil que no se presentaron sin aportar justificantes que motivaran esa ausencia. Pero más perjuicio tiene para el acusado, que se encuentra en prisión desde el día que supuestamente cometió los
hechos, sin haberse celebrado su juicio.
A I.M., se le culpa de un delito contra la salud pública. Los hechos con los que se le relaciona ocurrieron el pasado 10 de octubre sobre las 07:30 horas cuando fue interceptado por los agentes de la Guardia Civil, en la zona de las tres piedras de la barriada de Benzú,
arrastrando tres bultos de grandes dimensiones que contenía un total de 90.5000 gramos de hachís. El índice de THC superior al 4%, que el acusado, según mantiene la Fiscalía, pensaba destinar a la venta o donación a terceras personas.
El Ministerio Fiscal pide que se le proceda a imponer al acusado, por un delito contra la salud pública, la pena de 4 años y 2 meses de prisión y una multa de 462.093 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 180 días. Asimismo, la inhabilitación especial para derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
Este juicio oral fue suspendido por la magistrada, a petición de la Fiscalía que exigía la presencia de los testigos para aclarar los hechos. La Defensa, por su parte, pidió que se celebrara el juicio con los dos agentes presentes (habían sido citados 6) porque es la segunda vez que se tenía que suspender y su representado se encuentra desde entonces en la prisión, privado de la libertad por su presunta relación con el delito.