EFE
La muerte del OCON-Sur, el grupo de elite de la Guardia Civil que realizó cuantiosas operaciones en la lucha contra el narco en todo el sur peninsular y Ceuta, reabrió una lucha nunca antes vista en los juzgados. El teniente coronel de la Guardia Civil, David Oliva, tiene por delante varios frentes abiertos.
Por un lado, quien dirigió la lucha contra el narcotráfico en Andalucía, afronta una petición de seis años y medio de cárcel por obtener, presuntamente, de un teniente información "reservada" de una investigación en su contra a cambio de un puesto en su unidad.
Una actuación que, según el escrito del fiscal, difundido por la agencia Efe, frustró la denominada Operación Varea, una investigación del Servicio de Asuntos Internos del instituto armado que trataba de averiguar si Oliva y otro teniente estaban favoreciendo el narcotráfico a cambio de dinero.
Por estos hechos se sentarán en el banquillo tres guardias civiles, acusados de delitos de cohecho o revelación de secretos.
El fiscal solicita seis años y medio de prisión por ambos delitos y una multa de 8.100 euros para el exjefe del Órgano de Concentración contra el Narcotráfico (OCON-Sur), que se disolvió en 2022, mientras que para los otros dos tenientes acusados -uno trabajaba con Oliva y otro en Asuntos Internos en el momento de los hechos- reclama cinco de cárcel y tres años y medio, respectivamente.
Esta investigación nació en la Audiencia Nacional como una pieza separada derivada de otra causa diferente por narcotráfico, que ya fue archivada, si bien el Tribunal Supremo ordenó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Parla (Madrid) asumirlo.
Según relata el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales, a partir de 2011, Asuntos Internos empezó a recibir informaciones que apuntaban a que el exjefe del OCON y un teniente "pudieran estar favoreciendo el narcotráfico a cambio de dinero" y, para comprobarlo, esta unidad emprendió en noviembre de 2019 una investigación, la Operación Varea.
La Fiscalía sostiene que David Oliva contactó con el tercer acusado, destinado a Asuntos Internos, para "conocer el contenido de la investigación y articular su defensa para lograr la impunidad" y le ofreció "conseguirle" un destino en el OCON-Sur, con sede en Castellar de la Frontera (Cádiz) si le daba información.
"Para cumplir su parte del acuerdo", este tercer acusado -según el ministerio público- se descargó de los ordenadores y bases de datos de Asuntos Internos "toda la información que pudo encontrar sobre los otros dos acusados", pese a ser "reservada y secreta".
El fiscal apunta a que sacó información referida a "posibles comportamientos ilícitos" de ambos acusados, a otras investigaciones de su unidad, entrevistas con colaboradores para obtener información sobre presuntos guardias civiles corruptos y hasta 2.204 fichas clasificadas como "secretas", con datos personales de colaboradores.
También documentación relacionada con labores de obtención, análisis y elaboración de inteligencia policial e informaciones del Asuntos Internos sobre usuarios de la red de comunicaciones Sky ECC -habitual en el narcotráfico-.
Tras sustraer la información, este acusado se la entregó a David Oliva que, "en cumplimiento del compromiso asumido", propuso que obtuviese una comisión de servicios en el OCON Sur, que acabó aprobándose y que "suponía una mejora en sus condiciones económicas".
Como consecuencia de "la filtración y transmisión de la información reservada y secreta" sobre las "posibles actividades delictivas desarrolladas en el ejercicio de sus funciones" por ambos acusados, "quedó frustrada toda investigación sobre los mismos, cerrándose la operación Varea en enero de 2022, lo que supuso un grave perjuicio para el adecuado funcionamiento de la Guardia Civil", concluye el fiscal.
Esa lucha tendrá que lidiar Oliva en el juzgado, pero tiene más frentes abiertos con un papel destacado de pase al ataque.
En una información adelantada por el diario La Razón, se indica cómo la defensa de Oliva solicita que se impute al mando de Asuntos Internos que elaboró un informe contra él por su supuesta relación con una familia de narcotraficantes.
Este es otro caso judicial distinto que se sigue en el juzgado de instrucción número 18 de Madrid, en el que se tendrá que determinar cómo se hicieron esos informes.
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