El pasado lunes, 13 de febrero, se llevó a cabo una reunión entre representantes de la Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT), de CCOO y el delegado del Gobierno en Ceuta, Rafael García, en la que se abordaron los asuntos que preocupan a los trabajadores de la seguridad privada con relación al servicio que se presta en la frontera del Tarajal.
En ésta, el secretario general de la federación expuso al delegado la necesidad de "seguir contando con seguridad privada" en la frontera. "Para ello sería necesario actualizar el convenio de colaboración entre el Gobierno central y la Ciudad Autónoma por un importe igual o superior al establecido en dicho convenio por 3.250.000 euros aportados por el Gobierno y por igual importe como aportación de la propia Ciudad", demandan.
A este sindicato, le parece "fundamental" en materia de seguridad y orden, la labor desarrollada por estos profesionales en la frontera del Tarajal.
Sin embargo, uno de los problemas principales de estos profesionales es el instrusismo laboral, que esta federación "lleva denunciando desde el 8 de agosto de 2019 (fecha de la primera denuncia), 24 de septiembre de 2020 y 25 de septiembre de 2021 en la Unidad Territorial de Seguridad Privada en Ceuta, a lo cual el delegado del Gobierno se ha interesado sobremanera por esta cuestión", explican, tras lo que agradecen el interés.
"No queremos pasar por alto las gestiones que está realizando el delegado del Gobierno al respecto de las bonificaciones a la Seguridad Social, las cuales nos expuso en dicha reunión y que esperamos se solucionen antes que la medida entre en vigor el próximo 1 de septiembre", concluyen en nota de prensa, recordando la necesidad de contar con seguridad privada en el paso fronterizo del Tarajal.
