La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) denuncia que la mitad de los estudiantes españoles de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) serán evaluados este curso con criterios "dispares y no comunes", lo que provocará una "desigualdad académica" entre comunidades autónomas. Este sindicato de inspectores ha analizado los criterios de evaluación y promoción en la ESO de las diferentes comunidades autónomas para este curso marcado por la pandemia del coronavirus, que provocó la suspensión de las clases presenciales el pasado mes de marzo, y concluye que la mayoría de las regiones españolas han fijado criterios "distintos a los tipificados en la norma básica". USIE señala como el origen de esta disparidad la orden publicada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional el pasado 24 de abril, que permite promocionar y titular este curso, de forma excepcional, sin tener en cuenta el número de asignaturas suspensas. La orden recogía los acuerdos alcanzados
por el ministerio que dirige Isabel Celaá y la mayoría de las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación del 15 de abril. Sin embargo, cinco comunidades se descolgaron de ese acuerdo: Andalucía, Castilla y León, Euskadi, Madrid y Murcia.
En esas comunidades, apunta USIE, se han mantenido criterios de evaluación "respetando lo fijado por la normativa básica", lo que provocará "falta de tratamiento común al alumnado" en el conjunto de España. De este modo, el 53,4% de los estudiantes españoles de Secundaria serán evaluados este curso con esos criterios "no comunes", en palabras de los inspectores, mientras el 44,6% restante, correspondiente al alumnado de Andalucía, Castilla y León, Euskadi, Madrid y Murcia, tendrá una evaluación sin carácter excepcional para la promoción de este curso. Además, USIE señala que 11 comunidades autónomas, junto a Ceuta y Melilla, han regulado "criterios de promoción y titulación en Bachilleratos distintos a los tipificados" en la vigente Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada en 2013 por el Partido Popular. Las seis que mantienen los criterios habituales vuelven a ser Andalucía, Castilla y León, Euskadi, Madrid y Murcia, más Cataluña. "La orden ministerial certifica la desigualdad administrativa, académica y educativa, así como ahonda la fractura ya de por sí existente en el sistema educativo", expone USIE, que califica como "grave" que "la asimetría" en la evaluación entre diferentes comunidades "se perpetra con certificado de legalidad" este curso. USIE también denuncia que se produce "una falla en cuanto a la participación y la transparencia ante la comunidad educativa" en varias comunidades porque no se ha establecido "la obligatoriedad de informar a los Consejos Escolares de los cambios metodológicos y de las modificaciones establecidas en los procedimientos, criterios de evaluación, calificación, promoción y titulación". "Obtener el mismo título o acceder a unos estudios con exigencias distintas dependiendo de la comunidad autónoma en la que se resida, es un agravio para miles de estudiantes a la hora de continuar su formación o acceder al mundo laboral, puesto que el disfrute de todos los derechos y el cumplimiento de todos los deberes deben tener los mismos requisitos", concluye el sindicato de inspectores de educación.
Si la educación no es común en las comunidades autónomas del Estado español, la evaluación tampoco podría serlo.