La Inspección de Trabajo ha dado este martes la razón
al sindicato CGT Andalucía, Ceuta y Melilla tras la denuncia presentada el pasado mes de febrero. En una resolución administrativa remitida a la
organización sindical, procede a iniciar un procedimiento sancionador por infracción grave “derivada de la transgresión de los derechos de información, audiencia, consulta y participación de los dos miembros de CGT en el comité de Empresa de las
Brigadas Verdes en los términos legalmente establecidos”, explican desde CGT. Además, el órgano regulador deja abierta la vía de interposición de demanda ante la jurisdicción social por la vulneración de estos derechos básicos de los representantes de los trabajadores. La Inspección de Trabajo en su orden de servicio 176/20 denomina “particular forma de ejercer la representación de los trabajadores” lo que sucede en las Brigadas Verdes y “tras constatar la complicidad de la mayoría del comité (CCOO-UGT) en la que solo existe una voz disonante, la de los dos miembros de CGT en el órgano de representación de los trabajadores, procede a extender acta de infracción en estado grave conforme a lo tipificado en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS)”, recoge la resolución. Por todo ello, CGT “se congratula” de la mencionada resolución de la Inspección de Trabajo que “deja en evidencia, por un lado la connivencia de CCOO-UGT con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) de Ceuta, empresa concesionaria de las Brigadas Verdes, y por otro el incumplimiento de los básicos derechos de los representantes de los trabajadores que quieren hacer sus funciones y fiscalizar el desarrollo de las relaciones laborales en la empresa, entre los que se encuentran el conocimiento de las cuantías económicas de la concesión, los costes de explotación… para CGT Ceuta es muy bienvenida la actuación inspectora, a las puertas del juicio por cesión ilegal previsto para el próximo día 10 de septiembre ante el Juzgado de lo Social”.
Cronología de los hechos
El procedimiento sancionador vino precedido de un requerimiento de la Inspección de Trabajo con fecha 13 de julio, en el que instaba a la empresa a dar cumplimiento a sus obligaciones legales conforme a lo establecido en el art. 64 del Estatuto de los Trabajadores. El requerimiento del Inspector actuante recibe respuesta el 28 de julio mediante escrito remitido por correo electrónico en el que empresa y presidente del Comité (CCOO) intentan dar por cumplimentado el requerimiento afirmando que debido a “la sintonía y confianza mutuas entre la mayoría del comité y la empresa no se puede aportar documentación acreditativa alguna sobre el cumplimiento de obligaciones ya que la misma no existe…”, se señala en dicha resolución. Así, sin ir más lejos el pasado domingo la CGT calificó este comportamiento de “connivencia” de la Administración en la “cesión ilegal” de las Brigadas Verdes a la FPAV. De hecho, el sindicato ya presentó una demanda al respecto cuya vista se espera para el próximo 10 de septiembre en el Juzgado de lo Social de nuestra ciudad.