El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, aseguró ayer que el Ejecutivo que lidera hará todo lo posible por poner en marcha las “sugerencias” que a su juicio contiene el informe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social sobre cómo maneja la Administración local los programas de colaboración social y la encomienda de gestión de los Planes de Empleo que financia directamente el Estado. Según su criterio, las 19 páginas del dictamen, que se autoatribuye un carácter “de requerimiento y recomendación”, no recoge “pegas” al proceder del Gobierno que dirige, sino que se trata de “una aportación constructiva”.
El presidente autonómico recordó ayer durante su rueda de prensa junto al secretario de Estado de Servicios Sociales que “lo importante”, la esencia del asunto, es “que hay políticas activas de empleo” en la ciudad autónoma. “Si no recuerdo mal, a los programas de colaboración social se destinan 1,2 millones de euros; al Plan de Empleo de la Ciudad, tres millones; y al financiado por la Administración General del Estado directamente, nueve más; en total, 13,2 millones de euros: eso es lo importante”, destacó Vivas.
El presidente dejó claro, no obstante, que su equipo va a “perfeccionar los mecanismos existentes” y va a hacer “todo lo que esté a nuestro alcance para atender debidamente esa aportación constructiva de la Inspección de Trabajo para gestionar adecuadamente los programas de colaboración social y que recoge sugerencias, no pegas”.
Literalmente, el informe de la Inspección de Trabajo de cuyo contenido dio cuenta ‘El Faro’ en su edición de ayer señala que este órgano del Ministerio de Empleo y Seguridad Social "prefiere dar un periodo de reflexión a las Administraciones competentes (la Dirección Provincial del antiguo INEM y la Ciudad) para articular un sistema más adecuado de gestionar los programas de colaboración social sin entrar en este momento en actuaciones concretas de tipo sancionador”.
La Inspección advierte de que “hay que corregir ciertas situaciones para evitar un fraude en la contratación o un incumplimiento en fraude de Ley de la normativa de acceso a la función pública”.
Sobre la gestión de los Planes de Empleo, la Inspección “requiere formalmente, como ya se ha trasladado verbalmente”, que los denominados Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL) “deben cesar” como personal administrativo o de control en la encomienda.
Sobre ambos temas, la Inspección da “seis meses” a la Ciudad Autónoma, un plazo “amplio”, para que informe “obligatoriamente” sobre “las medidas que haya tomado” al respecto.
