Pedro Sánchez cumple este sábado 100 días al frente del Gobierno. Algo más de tres meses en los que la inmigración ha sido uno de los asuntos clave. Desde un primer momento, el nuevo Ejecutivo mostró su preocupación por el tema: la acogida de los pasajeros del 'Aquarius' buscó impulsar una política migratoria común en Europa como respuesta a la creciente popularidad de las políticas de Salvini.
El panorama en las últimas semanas ha cambiado, especialmente por lo ocurrido en Ceuta. Hasta en dos ocasiones las entradas masivas a la valla provocaron lesiones a los guardias civiles. La respuesta fue la aplicación de un convenio olvidado con Marruecos que ha provocado manifestaciones en las distintas ciudades españolas, así como la comparecencia del ministro de Interior en el Congreso para explicar lo ocurrido.
Un paisaje bien distinto al del 1 de junio, cuando la moción de censura del PSOE salió adelante. Pedro Sánchez tomó la palabra para convencer al resto de formaciones políticas de que le ofrecieran su apoyo y prometió acabar con un recurso de la Guardia Civil por el que España estaba a punto de ser juzgada por Estrasburgo: las
devoluciones en caliente de inmigrantes a pie de valla.
Todo empezó con el 'Aquarius'
Apenas 10 días después de que Sánchez prometiera cargo, Italia cerró sus puertos al 'Aquarius', barco de rescate con más de 600 inmigrantes. Ante la falta de respuesta por parte de la Unión Europea, España se ofreció para acoger a los pasajeros a la deriva. El anuncio puso la inmigración en el foco del debate no solo nacional, sino europeo. Sánchez consiguió movilizar a varios países contra las ideas xenófobas.
El tema se trató en una cumbre sobre el futuro de la política migratoria europea. Mientras, el Gobierno español abolió la medida de Mariano Rajoy con la que se excluía del sistema ordinario de salud a los inmigrantes irregulares y Fernando Grande-Marlaska anunció su intención de retirar las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla.
Las historias de los inmigrantes del 'Aquarius' abrieron portadas y generaron debate. Entretanto, la ruta del Mediterráneo occidental se convirtió en la principal vía de entrada a Europa. Sin llegar a alcanzar las cifras países como Grecia o Italia tres años atrás, el incremento de llegadas en patera a las costas andaluzas se triplicó. El PP hablaba de efecto llamada y el PSOE mostraba gráficos para demostrar que el anterior Ejecutivo no actuó ante una tendencia que
Frontex ya advertía en enero.
Los saltos a la valla de Ceuta
Día a día la inmigración era un tema de debate cada vez más recurrente, hasta que llegó el detonante: el 26 de julio, 633 personas saltaron la valla de Ceuta en la mayor y más agresiva entrada que se recuerda en la ciudad. Los inmigrantes utilizaron cizallas, cal viva y bolas de heces. 22 agentes resultaron heridos por quemaduras en los ojos y la inmigración definitivamente centró el debate político, con las principales formaciones de la derecha española visitando Ceuta en esa semana: desde el PP renovado de Casado se habló de "millones de africanos", Rivera y Ciudadanos volvieron a Ceuta, y VOX encontró en estos hechos el principal aval para defender su discurso. La preocupación de los ciudadanos por la inmigración subió ocho puntos sólo en el mes de julio, según el CIS.
Las críticas también llegaron desde las asociaciones: imágenes grabadas por FAROTV demostraron que las devoluciones en caliente de subsaharianos a pie de frontera seguían produciéndose. El Gobierno, que había logrado posponer el juicio para revisar el recurso del Ejecutivo del PP, se mostró cada vez menos dispuesto a acabar con estas prácticas y acabó defendiéndolas con argumentos del Partido Popular. Ahora se espera la nueva sentencia de Estrasburgo, que saldrá del juicio del 19 de septiembre.
El Gobierno construyó centros temporales en Cádiz y reforzó su colaboración con Marruecos. El país vecino solicitó más ayudas económicas de la Unión Europea y Sánchez, en la visita de Ángela Merkel a Doñana, logró el compromiso de la canciller.
Un nuevo salto violento a la valla de Ceuta haría efectiva esa mejora de relaciones con el vecino país. De nuevo varios guardias civiles fueron hospitalizados por los métodos utilizados. En esta ocasión, la respuesta del Gobierno fue inmediata: en apenas 24 horas se reactivó un acuerdo firmado en 1992 por el que se permitía la devolución de 113 de los 116 subsaharianos que habían llegado a Ceuta.
Una medida aplaudida por las formaciones políticas que visitaron el vallado en el anterior salto, pero criticada por ONGs, asociaciones y por los abogados, que atendieron a los inmigrantes
sin tener conocimiento de la posibilidad de llevar a cabo estas expulsiones.
Grande-Marlaska defendió la legalidad de esta operación en el Congreso y la delegada del Gobierno en Ceuta
reconoció de que se trataba de un aviso. Días después, la Guardia Civil detuvo a varios de los cabecillas del anterior salto de julio, residentes en el CETI.
Desde Marruecos las ONGs denunciaron redadas contra los inmigrantes residentes en ciudades cercanas al norte de España, abandonados a su suerte en el sur del país. La mejora de las relaciones con el vecino país reavivó el debate de la acogida de los MENA, y tanto Andalucía como Ceuta y Melilla solicitaron aplicar otro convenio para intentar devolver a los menores a Marruecos. En los últimos días, el Ejecutivo ha anunciado que destinará 40 millones para el reparto de menores inmigrantes entre comunidades autónomas.
Pedro Sánchez hizo balance este sábado de estos "intensos" 100 primeros días. Presumió de haber formado un Gobierno "europeísta" y "respetuoso con Derechos Humanos en política migratoria". La inmigración fue en el último informe del CIS la quinta mayor preocupación de los españoles. En mayo era la decimosexta.