Ingesa achaca a "los dilatados tiempos" los contratos de fármacos "sin procedimiento"

El paso a paso burocrático, su ritmo y el “choque” de ambos con la necesidad “urgente” de suministrar fármacos son los causantes del elevado número de contratos sin procedimiento. Al menos así lo declara Ingesa, que responde al análisis del Tribunal de Cuentas efectuado el 28 de noviembre en relación a esta materia en Ceuta y Melilla.

La institución se escuda en que “los dilatados tiempos” no permiten administrar los medicamentos en el plazo deseado, lo que lleva a esta clase de trámites. El informe señala que en 2022 se alcanzó un 96’52% de acuerdos en esta categoría y en 2023 hasta un 89,57%.

Asimismo, la entidad traslada en este escrito que en otras comunidades autónomas se detecta el mismo fenómeno. “En una muestra de hospitales del SNS, referido a 1999 y 2000, ya situaba por encima del 90% el gasto en medicamentos fuera de los procedimientos establecidos en las normas de contratación del sector público”.

90% en otros hospitales

Destacan que, en julio de este año, también se reveló un estudio en el que se reflejó que en hospitales de Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia constituía un 90% del gasto con compras directas “muy superiores” a las de las dos ciudades autónomas.

El ente se sirve de estos ejemplos para expresar que la raíz del problema, a su juicio, se halla en la gestión de la Farmacia Hospitalaria común a todos los centros clínicos del país. “Existe una severa dificultad de encajar materialmente los dilatados plazos y los complicados procedimientos de la normativa”, manifiestan.

“Ingesa valora muy positivamente la labor del Tribunal de Cuentas cuya fiscalización constituye una auténtica auditoría externa de sobresaliente nivel técnico e incalculable valor por su aprovechamiento para la mejora”, inciden.

Colaboración

“Es por ello por lo que este análisis ha contado con la activa y absoluta colaboración de esta entidad”, comentan. “Tanto desde la Dirección General en sus Servicios Centrales como desde las gerencias de las áreas sanitarias de Ceuta y de Melilla se ha facilitado toda la información y documentación requeridas, así como el mantenimiento de múltiples reuniones al efecto tanto vía telemática como de forma presencial”, añaden.

Insisten en el texto en otros ejemplos del territorio peninsular. “El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Cantabria, el Complejo Universitario de Badajoz (Extremadura), el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en Murcia, y el Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro, en La Rioja realizaron adquisiciones de medicamentos y productos farmacéuticos al margen de la normativa de contratación pública”.

“Se infringieron los principios de publicidad, transparencia y concurrencia establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público”, detallan. “Es especialmente significativo el caso del Marqués de Valdecilla donde el 99 % del gasto, más de 101 millones de euros, se efectuó de fuera de lo previsto de esta norma”, explican.

Remarcan que en Ceuta en el ámbito de las adquisiciones directas la cifra se encontraba en un 49% en el mismo periodo de tiempo. “En los de Murcia, La Rioja y Extremadura se recurrió mayoritariamente a contratos menores que, en muchos casos, superaron los umbrales legales al acumularse con un mismo proveedor y para un mismo objeto”, exponen.

Otros casos

“Faltaban protocolos normalizados de prescripción y dispensación, se detectaron carencias en los sistemas informáticos de gestión, así como diferencias de hasta un 97% en el precio pagado por un mismo medicamento”, recalcan.

“Se hallaron importantes deficiencias que suponen una ineficiente gestión de los recursos públicos y que afectan a la sostenibilidad del sistema sanitario, tal y como señaló el Tribunal de Cuentas”, concretan.

“Cabe destacar que los centros e instituciones sanitarias dependientes del Ingesa son los únicos de todo el Sistema Nacional de Salud que, además de ser objeto de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, someten toda su gestión de forma permanente y cotidiana a la fiscalización previa desarrollada por la Intervención General de la Seguridad Social lo cual refuerza, aún más, sus controles operativos y la exigencia de mejora continua”, subrayan.