Incendios de vehículos, desguaces ilegales y ambulantes

Hay cosas que no pueden solucionarse fácilmente pero  ocurren por dejadez, por falta de recursos o por no advertir de que el problema crecerá.

Es lo que está ocurriendo en Ceuta con los incendios de los vehículos “abandonados”. Llevamos muchos años conviviendo con el problema sin encontrar la solución, incluso sin intentar buscar la solución.

Los incendios son un negocio muy rentable para los propietarios de los coches y para los dueños de los desguaces ilegales que hay en nuestra ciudad.

Un negocio que cuesta dinero a los contribuyentes, que da una imagen pésima de la ciudad y que pone de manifiesto la incapacidad y la desgana de combatir determinados delitos, porque nos hemos acostumbrado a convivir con ellos.

En nuestra ciudad tenemos hasta chatarreros ambulantes, señores que en plena calle se dedican a desguazar y meter las piezas en su coche para trasladarlas a Marruecos. ¿Chatarreros o ladrones?  Es absurdo pensar que no se puede acabar con un fenómeno que causa inseguridad ciudadana y provoca las salidas continuas de equipos de bomberos que son apedreados para que la fiesta sea completa.

Es absurdo pensar que no se puede, porque leyes hay para ello. No podemos permitir que  resulte más productivo dejar el coche abandonado que llevarlo a un desguace legal. Muchos de estos vehículos son de ciudadanos que no pueden entrar en Marruecos al tener otro vehículo en ese país, aunque otros vienen con la intención de abandonarlos y cobrar el seguro al denunciar el robo en sus países de origen.

Esta semana El Faro de Ceuta nos informaba sobre una avalancha de personas en la que aprovechaban para cruzar hasta con carretillas repletas de piezas de vehículos. ¿Carretillas repletas de piezas? ¿Quiénes son sus propietarios, a que vehículos pertenecen? Nadie lo sabe.

Habrá que identificar al portador de los efectos para pedirle su legal procedencia, donde la han comprado. Lo siguiente es hacerle un atestado por receptación, retirarle las piezas y presentarlo ante la autoridad correspondiente.

Lo mismo que debemos hacer con las furgonetas que llevan chatarra hacia Marruecos.  Existen leyes para evitar que personas sin autorización desguacen vehículos.

Difícilmente un vehículo que se encuentre en un desguace ilegal puede estar en condiciones, porque para darlo de baja se necesita un certificado de entrega en un desguace legal o estar denunciado por robo. Una cuestión que pone en evidencia la falta interés en precintar los desguaces ilegales que existen en nuestra ciudad.

Precintar sería el primer paso, después se debe comprobar si existen vehículos y género robado y, por supuesto, trasladar vehículos y piezas a desguaces municipales para reciclaje, cuyo gasto debería sufragar los dueños de los desguaces ilegales.

Estamos hartos de ver vehículos con un cristal roto en barriadas, en el puerto o en  centros comerciales aparcados. Cada día les va faltando algo más hasta que son desguazados totalmente, mientras tanto, les sirve de refugio a inmigrantes irregulares y para dar más de un susto a los lugareños que pasean por nuestra ciudad.

“Estamos hartos de pedir más medios y guardias civiles para controlar el pase”

Sin embargo, somos incapaces de retirarlo de la vía pública, aunque al final lo hacemos, eso sí, cuando ya son simplemente chatarra o pasto de incendios provocados.

En AEGC estamos hartos de pedir más medios y guardias civiles para controlar el pase de personas y vehículos para evitar las avalanchas.

Estamos hartos de decir que estas avalanchas están organizadas por personas para crear desconcierto y pasar a la carrera bultos, carretillas con piezas o bolsas que no son inspeccionadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado.

En AEGC estamos hartos de denunciar públicamente estos hechos y la falta de guardias civiles para evitar desgracias personales y acabar con el  descontrol. Lo hacemos también para  defendernos, porque todas las responsabilidades van dirigidas hacia los guardias civiles y policías que prestan servicio en la Aduana del Tarajal. Responsabilidades que deberán buscarse fuera de los Cuerpos de Seguridad del Estado.