La soberanía de un Estado es el derecho intangible de residir en el tiempo propio, sin que las premuras de la aldea global paralicen la crónica diaria de la ciudadanía. También, constituye comenzar una nueva jornada con la convicción de que las calles y avenidas conservarán su diseño habitual, al igual que los servicios básicos satisfarán con periodicidad exacta y que la calma o el ruido comunitario continuarán las dinámicas familiares.
No obstante, en la Ciudad Autónoma de Ceuta esta soberanía se ha erigido en un bien insignificante. La hiperconexión de la celeridad ya había deteriorado el sosiego íntimo, descomponiendo la atención e imprecisando los márgenes entre la responsabilidad laboral y el confort hogareño. Pero el indiscutible sesgo estructural sucede cuando este caos no es la derivación de una ciberadicción, sino de la invasión salvaje de crisis sistémicas en el ambiente cercano.
Es más, cuando coyunturas geopolíticas de calado, como fricciones fronterizas o flujos migratorios complejos como los acontecidos en Ceuta golpean su convivencia, instantáneamente se diluye la normalidad. En otras palabras: lo geopolítico y macroeconómico inundan el área micro de la acera, el hogar y el mercado. En unos segundos, la rutina ve extraviada su autonomía y los ciudadanos se sienten desvalijados de la previsibilidad, ese terreno natural sobre el que se cimienta cualquier aspiración personal de vida. La falta de protección trastorna las prácticas básicas: se aseguran las ventanas, se cambian desplazamientos cotidianos y el área común, antes compartido, es advertido como un entorno inestable y punto de discordia.
Este rompimiento de la paz asidua se supedita de modo manifiesto con un concepto a menudo tergiversado: la sostenibilidad y ésta, es un armazón que se soporta sobre la base humana, social y económica. Una sociedad no puede ser sostenible si sus integrantes conviven en un estado de alarma constante.
La serenidad, el equilibrio mental y el sentido de pertenencia son riquezas naturales tan limitadas y únicas como el agua pura o el aire fresco. Y su degradación insistente lleva irremediablemente a la indisposición del tejido social.
La colisión de estos patrones de fluctuación se muestra de forma rígida en el desgaste del capital social. Las crisis acaecidas operan como poderosos catalizadores de la polarización. Ante la desconfianza y el aislamiento notado, las comunidades tienden a dividirse en sectores enfrentados, detonando el entendimiento mutuo y la cooperación que tantas generaciones compusieron.
Asimismo, el entramado asociativo local se amortigua y la zona pública deja de ser un punto de reunión para convertirse en un medidor de desacuerdo y disputa política. Sin integración social, cualquier tentativa de proyectar un desarrollo sostenible de larga duración se vuelve inadmisible, puesto que la susceptibilidad mutua imposibilita lograr consensos básicos sobre el devenir del territorio.
Estas turbulencias de la anormalidad avivan un golpe directo en la capacidad de carga de las infraestructuras locales. Las ciudades se encuentran calibradas para flujos de población sólidos. Pero cuando una crisis fronteriza o humanitaria como la de Ceuta, inunda bruscamente el sistema, la sanidad, los servicios de emergencia y los sistemas de asistencia social padecen una tensión súbita, este síncope no solo fragiliza la atención a los comparecidos inesperadamente, sino que daña los servicios que atienden a sus residentes, exacerbando el sentimiento de dejadez institucional. En tanto, las entidades locales se ven abrumadas para desviar recursos económicos que sufraguen los gastos improvisados de dicha eventualidad.
Y desde un aspecto económico, la merma de la soberanía cotidiana desliga una calle sin salida de empobrecimiento territorial. El desequilibrio prorrogado asusta la inversión exterior y castiga a los sectores productivos como el comercio local o el turismo, que escapan de los escenarios observados como dificultosos.
Más preocupante resulta todavía la marcha del talento humano: los ciudadanos con mayor capacitación o medios económicos optan por abandonar la ciudad en busca de esa normalidad descarriada, despojando a la comunidad de los perfiles fundamentales para encabezar un restablecimiento económico flexible.
De ahí, que existan días en los que el análisis de la realidad en las fronteras no se evalúa únicamente en los metros de alambre o en el estrépito del mar contra los espigones o escolleras, sino en el mutismo diplomático abrumador que prosigue a cada agitación migratoria que se desencadena.
Y es que lo acontecido en los perímetros fronterizos de Ceuta no es una vicisitud territorial, ni un accidente de la naturaleza. Cuando miles de individuos acometen la valla o se arrojan al agua ante el atisbo indiferente de la gendarmería marroquí, además de estar ante una tragedia humana desbordada; observamos con impotencia e indignación, la inercia premeditada de la presión migratoria como arma geopolítica, tolerada por una pasividad gubernamental que es difícil justificar.
Los conatos por vía terrestre o nadando, con subidas de presión descabelladas que han llevado a miles de tentativas concentradas en cuestión de horas o días, constituye una intensificación superior con relación a acciones preliminares. Si a ello se añaden los números a nivel nacional, las cuentas oficiales del Ministerio del Interior muestran que decenas de miles de sujetos siguen entrando de manera irregular por diversos puntos. Si bien, tras estos dígitos existen ciudades acorraladas como Ceuta, con recursos asistenciales al borde del colapso y un sabor amargo entre el conjunto vecinal de que la soberanía nacional se ha vuelto una contrapartida negociable.
Ante este contexto es irrevocable interpelarse por qué la Moncloa contesta con tibieza y en definitiva, usa papel mojado, ante lo que en cualquier otro país se contemplaría una crisis de seguridad en toda regla.
Pero para comprender lo que para muchos es incomprensible, hay que echar un vistazo más allá del plano limítrofe y enlazar los puntos detallados con la convulsiva agenda política nacional.
Primero, concurre una incuestionable estimación de votos a medio y largo plazo. La persistente acomodación de los procesos de regularización y la disputa demandante sobre la adjudicación de derechos políticos o nacionalizaciones de modo expreso, forjan una cantera de futuribles electores que irremediablemente, procurarán favorecer a las agrupaciones progresistas que posibilitaron su permanencia. Sin lugar a dudas, es un mecanismo político conjugado: la mutación de la indefensión migratoria en un electorado aprisionado para el ejecutivo en curso.
“Entre este crisol de culturas, los acontecimientos sobrevenidos en Ceuta se hacen insostenibles con miles de individuos merodeando por sus calles y sus ciudadanos dando voz sin descanso, para recuperar la normalidad de sus vidas”
Y segundo, la crisis fronteriza funciona como una cortina de humo. Mientras el sentir generalizado y los medios de comunicación reúnen sus focos en los relatos patéticos de la valla o espigones y los centros de estancia temporal están saturados, la tertulia cotidiana se traslada a la vanguardia del sector informativo.
Como quiera que sea, se atenúa el golpe de efecto de las subsiguientes investigaciones judiciales por supuesta corrupción que cercan al entorno del Gobierno. El inmovilismo no es simplemente incompetencia administrativa. Para el poder vigente, tratar el desbarajuste migratorio es una alternativa periodística que sirve para deshacer los requerimientos de responsabilidad política por los fraudes financieros y las tramas de trato de favor que inquietan su continuidad. Claro, que la quiebra de esta permisividad no la padecen los despachos de Madrid, sino las barriadas de Ceuta y Melilla y las zonas de acogida en la Península.
Así, la cohesión social se resiente cuando las administraciones públicas desde la sanidad básica hasta los centros de menores y la seguridad ciudadana, soportan un quebranto extendido sin la ayuda económica ni logística oportuna.
Dicho esto, uno de los aspectos más alarmantes y ostensibles para la ciudadanía es el empeoramiento de la seguridad pública en los centros neurálgicos con mayor presión migratoria.
El descontrol en las irrupciones, fusionado a la saturación de los dispositivos de acogida y la escasez de opciones de integración real para miles de individuos en situación de vulnerabilidad o marginalidad, conduce a un incremento considerable de las infracciones penales en las áreas perjudicadas.
Sucintamente me refiero al crecimiento significativo de actos delictivos, con autonomías o localidades receptoras de oleadas constantes con infracciones contra la propiedad mediante hurtos, robos con fuerza y violencia en los espacios urbanos, centralizados principalmente en los alrededores de los centros de estancia e infraestructuras de acogida temporal.
Tampoco es menos la sobrecarga de los centros de menores no acompañados que sobrepasan su volumen máximo, originando complicaciones severas de convivencia. De ahí, que expedientes policiales y evaluaciones de seguridad emitan un ascenso demostrativo en las actuaciones por trifulcas, amenazas y alborotos públicos en las afueras adyacentes a estos centros.
Y que decir en cuanto a la saturación de infraestructuras de acogida, donde los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) proceden de manera reincidente por encima de su capacidad nominal, lo que lleva a pugnas internas que a veces trascienden a las calles de las ciudades autónomas y municipios receptores. Obviamente, cada uno de los aspectos antes considerados generan una sensación de desprotección y fisura institucional.
De este modo y ciñéndome en Ceuta, vecinos y comerciantes locales perciben un progresivo escepticismo económico y de seguridad. Advierten que sus vecindarios se han convertido en centros de testeo de políticas fronterizas frustradas, mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se desenvuelven con dotación deficiente y carencia de recursos materiales para encarar la escalada delictuosa.
Y como colofón, se origina la desestructuración social a nivel nacional, pues conforme el acomodo de individuos se reubica en las comunidades autónomas sin la debida planificación ni transparencia con las autoridades locales, se intensifica la oposición radical de posturas e intereses y el entredicho de la ciudadanía hacia la capacidad del Estado para avalar la serenidad en sus calles. Si el pronunciamiento institucional continúa discurriendo en desentenderse y la pleitesía a los dictámenes de Rabat, las derivaciones a largo plazo serán agudas e inalterables.
A escala internacional, España irradia una hechura de vulnerabilidad que limita su habilidad negociadora en el marco de la Unión Europea (UE) y la desarma como frontera exterior del espacio Schengen.
Y a nivel interno, la permisión tácita del acceso irregular agrieta la creencia en el Estado de Derecho: cuando la ley se superpone de manera implacable para el ciudadano de la calle en sus impuestos y deberes ordinarios, pero se descompone en las fronteras y la conservación del orden público por interés partidista, la autenticidad de las instituciones queda gravemente afectada.
Hacer oídos sordos mientras la frontera se contraviene y la seguridad ciudadana se achica, puede brindar un paréntesis mediático temporal para un Gobierno perseguido por los indicios de corrupción. No obstante, la brecha social, económica y geopolítica que agolpa el país, la acabarán costeando las próximas generaciones. Y esa, desgraciadamente, es una carga que ningún titular ni ninguna estratagema de distracción podrá eximir.
Cuando los fenómenos fronterizos atribuyen una relación desequilibrada, no se concatenan un beneficio recíproco, sino una deculturación acompasada de la sociedad afincada que empieza a ver abrumado su espacio comunitario y sus normas de convivencia.
La sensatez de Estado impone saber descifrar en su justa medida que la protección de una frontera no termina en lo que en sí es el muro físico, sino en la salvaguardia eficiente de la matriz cultural que especifica tanto el temperamento como la estructura institucional de una nación.
La situación estratégica de Ceuta en el norte del continente africano la torna en un centro de análisis de fuste, donde impactan cosmovisiones principalmente contrapuestas con respecto a las libertades fundamentales. El prólogo integral de composiciones de pensamiento refractarios a los enfoques occidentales, como la libertad de conciencia y la igualdad de género, produce un fenómeno de asimilación contradictorio en el área social vecinal.
Cuando un conjunto de personas penetran bruscamente acarreando una tradición doctrinal inamovible, el cuerpo social local distingue una metamorfosis impuesta que trastorna profundamente su cotidianeidad y aplomo cívico arraigado.
La conducción gubernamental ha de desmantelar la demagogia retórica para admitir que la transculturación sin ordenamiento jurídico, totaliza una amenaza sigilosa que turba los consensos primarios. Ajustar seriamente este impacto no entraña enemistad hacia el emigrante, sino la identificación de que la viabilidad democrática requiere correspondencia legal y la aceptación incondicional de las normas de convivencia de la superficie que ineludiblemente le acoge.
El éxodo migratorio masivo ejecutado sobre Ceuta trasciende a la crisis humanitaria, para establecerse como un instrumental de recomposición demográfica con innegables alcances de orden geopolítico.
La congestión desmedida de personas sin papeles inunda las competencias operativas de absorción y aviva asperezas psicológicas en los ciudadanos residentes, quienes experimentan un desalojo figurado en su entorno.
El Estado ha de encargarse de estabilizar la hospitalidad con la atención del acervo que favorece el bienestar social, concibiendo que la soberanía se desgasta cuando se consienten métodos comunitarios similares. El humanismo efectivo reside en la administración escrupulosa y sistemática de los flujos, conteniendo que la permeabilidad territorial languidezca el sistema normativo que asienta la paz interior.
La desidia institucional de cara a estos hechos aturde de manera contundente el rostro sociocultural urbano, desdibujando un baluarte de convivencia constitucional en un contexto de enfrentamiento identitario.
El análisis de los procesos transculturales en el entorno internacional contemporáneo, corrobora que la subsistencia de un patrón social firme estriba de la voluntad con la que preserve sus fronteras exteriores. Ceuta reproduce una frontera europea expuesta en superficie africana, una circunstancia que le hipoteca a enjambres migratorios dirigidos que persiguen desmoronar la soberanía española, a través de la congestión de sus recursos públicos.
El trazo de políticas públicas migratorias ha de encaminarse por una posición de largo alcance que sopese la incidencia social a mediano plazo, sorteando que la ingenuidad resquebraje las raíces del Estado de derecho. La moderación ciudadana frente a la exigencia de hábitos improcedentes al marco legal, es un componente genuino de autoprotección que escuda la continuación del estilo de vida.
Apuntalar que las acciones recíprocas transculturales se condicionen estrictamente a la legislación nacional, es la única garantía para salvar un estropicio irreversible en la integración cívica y territorial de España.
El dimanar de Ceuta se encuentra encadenado a la capacidad de las autoridades para aclarar indecisiones institucionales y admitir una valoración objetiva del escollo socio jurídico transfronterizo.
El día a día de Ceuta exige certidumbre frente a fluctuaciones gubernamentales que enredan el compromiso estatal con decisiones emocionales carentes de proyección logística y de absorción cultural. Una dirección vacilante en los perímetros territoriales propaga desasistencia cívica, atenuando el principio de legalidad y precipitando el alejamiento imaginario de la comunidad receptora.
En consecuencia, Ceuta es muchísimo más que una frontera, es un memorándum de que quien encomienda en otro la inspección de una vulnerabilidad estratégica, acaba transfiriéndole parte de su propia autonomía. Y tal vez, en algún instante puntual, su soberanía. Marruecos se envalentona ante la insólita proyección geoestratégica que subyace e interviene con las cartas falseadas, haciendo argucias en sus contactos con Europa y España.
He aquí, un fórceps trazado por Estados Unidos e Israel, con Marruecos como compinche principal para minar el Viejo Continente. No hay que irse lejos en el pasado para entresacar del baúl de los recuerdos a Marruecos y la frontera sur, como moneda estratégica e instrumento de cerco. El país alauita se ha convertido en un aliado preferencial de Estados Unidos e Israel y esta disposición le otorga algo más productivo que la misma validación diplomática: arbitrariedad de facto para esgrimir a sus anchas la gestión de sus fronteras como medio de intervención política exterior.
“Cuando miles de individuos se arrojan al agua ante el atisbo indiferente de la gendarmería marroquí, además de estar ante una tragedia humana desbordada, observamos con impotencia e indignación, la inercia premeditada de la presión migratoria como arma geopolítica tolerada por una pasividad gubernamental difícil de justificar”
Marruecos compite con maestría la guerra híbrida con efectos dañinos, aun pendiendo de Europa para sectores clave de su economía. El engranaje solapado es más que conocido: la frontera se abre o cierra, según encaje en las ínfulas de Rabat y en función de pactos que nada tienen que decir con la política migratoria, sino con la mirada puesta en el Sáhara Occidental, la expansión territorial o el patrocinio internacional.
Lo que ha variado en el panorama actual es la realidad en el que esa maquinaria se agita: un Marruecos fortalecido por su inclusión paulatina en el diseño de los Acuerdos de Abraham, con una estrecha conexión en seguridad y defensa venidas de Israel y una Administración norteamericana que no pone en tela de juicio ese automatismo encubierto de la casuística fronteriza, sino que tonifica a Rabat como copartícipe en objetivos comunes.
Es incontestable que Washington ordena un trato de favor con Marruecos porque les es crucial para regular el Atlántico, el Estrecho de Gibraltar y la embocadura al Mediterráneo, pero, sobre todo, el Sáhara Occidental, además de asegurarse una política de inteligencia llegada de Israel a los pies del continente europeo. Como del mismo modo, es una pieza de socavamiento tramada.
Visto lo desgranado en estas líneas, comienzan a aflorar expresiones acreditadas norteamericanas identificando las pretensiones marroquíes sobre Ceuta y Melilla. Es uno de otros tantos movimientos en un careo que fracciona a la sociedad española, mermando al Gobierno y destapando los puntos ciegos de Europa.
Queramos o no queramos, los acontecimientos sobrevenidos en Ceuta se hacen insostenibles con miles de individuos merodeando por sus calles. Los ciudadanos se revelan cada día dando voz a sus manifestaciones y el Gobierno continúa no solo deparando su incapacidad de controlar la situación, sino que se ha quedado definitivamente solo excusando a Marruecos de lo acaecido y no dando su brazo a torcer que es un colaborador de confianza.
Finalmente, corresponde interrogarnos si Europa puede asumir con todas las garantías una política exterior y de seguridad autónoma en el Mediterráneo Occidental, si a la par se encuentra en manos de Marruecos para inspeccionar su frontera, mientras ésta se entrega sin reservas a Estados Unidos e Israel y juega cínicamente cuando quiere y como quiere, a la desestabilización.
