Y pasó lo que tenía que pasar. La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha tenido que protagonizar una fotografía histórica, de esas que debería avergonzar a la Gerencia Territorial de Justicia y al Ministerio, que conocen a la perfección los fallos que se están produciendo en la logística judicial de Ceuta a riesgo incluso de anular los juicios que se van celebrando o perder la espontaneidad requerida en las declaraciones.
El tribunal del máximo órgano judicial en Ceuta ha tenido que trasladarse a la sala que emplean los magistrados del Penal 1 y 2 para garantizar la celebración del juicio seguido contra el exprofesor del San Agustín por presuntos abusos sexuales a menores. Un fallo con la grabación ha motivado esta decisión de urgencia, justo cuando la Fiscalía estaba dando lectura al primero de los informes y no se estaba garantizando que todo quedara recogido como se debe.
¿Qué ha hecho el tribunal?: debatir si seguir en la sala de la Audiencia con el secretario judicial como ‘a la antigua’, tomando acta, o trasladarse a los Penales para continuar con las grabaciones, decisión que al final ha pesado para no arriesgar la continuidad de tan relevante procedimiento. Eso sí, el malestar ha sido más que evidente.
Lo que ha ocurrido esta tarde es la guinda que colma el vaso de los despropósitos. Y es que la Audiencia lleva tiempo advirtiendo de lo que pasa, dando traslado a la Gerencia e incluso al TSJA de todos los riesgos que se producen y que se están repitiendo en demasía últimamente. El magistrado Fernando Tesón pregunta cada vez que comienza un juicio si se está garantizando la integridad y calidad de la grabación, es decir, si alguien está constatando que todo funciona como debe. Lo hace ya escarmentado de situaciones adversas como que en mitad de una testifical se compruebe que no se está grabando bien el testimonio lo que provoca que se tenga que repetir y que pierda la importancia de la espontaneidad. O, peor aún, que la grabación no sea adecuada y en cuestión de recursos ante instancia superior se corra el riesgo de no poder ser valorada como se debe. El magistrado Manuel Marchena ya recogió esta gravedad en una sentencia en 2018 al estudiar un recurso en torno al crimen de ‘Tafa Sodia’.
Es obligado que haya una segunda corroboración de que todo funciona bien: no solo que haya un agente judicial grabando dentro de la sala sino que una autoridad externa compruebe que todo se produce adecuadamente para que no se produzcan estos problemas.
Este jueves se ha tenido que repetir una declaración a un testigo porque la grabación anterior no era correcta y eso supone un daño que puede ser irreparable en otros casos donde existen riesgos incluso de nulidades. Sindicatos como CCOO-Justicia ha denunciado en cuantiosas ocasiones lo que ocurre, pero lo han hecho también los magistrados, funcionarios, fiscales… porque de no funcionar adecuadamente el sistema depende que el trabajo hecho se pierda. Y eso no es bueno ni para la justicia, ni para el deber que tiene con la ciudadanía.
