La diputada no adscrita, Fatima Hamed, ha asegurado que las Brigadas Verdes estuvieron trabajando en la limpieza de una finca privada en Calamocarro más de un día, habiéndose permitido por tanto el empleo de estos trabajadores para un fin privado.
La exmiembro de Caballas rechaza la respuesta dada hasta el momento por la Ciudad después de que la institución municipal dijera que nada sabía al respecto de este asunto y que abriría una investigación para saber al detalle lo sucedido.
Pues bien, para Hamed es demasiado lo que se está tardando en reaccionar dada la gravedad de lo denunciado, por cuanto se ha permitido un uso de medios públicos (los de unas Brigadas que dependen de la Federación Provincial de Vecinos) para ponerlos al servicio de propiedades y necesidades privadas. “El Gobierno da la callada por respuesta y se limita a hacer oídos sordos intentando pasar de puntillas sobre una cuestión tan delicada como es la responsabilidad en el correcto uso de los recursos públicos”, denuncia, equiparando a la Ciudad con Pilatos, algo que, a juicio de Hamed, no hace sino reforzar “la indignación de la ciudadanía, ya que la única respuesta que esperamos es la exigencia de responsabilidades en forma de de ceses y dimisiones”, espeta.
“Los responsables de esta tropelía no pueden pasear su impunidad ni tampoco encontrar auspicio y falta de firmeza en un Gobierno que destina 3.200.000 euros (más de 530 millones de las antiguas pesetas) a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos o para que los responsables de las Brigadas Verdes se preocupen del estado de limpieza y adecentamiento de las barriadas y espacios municipales”, denuncia.
Hamed lamenta que con este tipo de actitudes se esté convirtiendo “fondos públicos en cortijos personales” y “utilizando la cacicada como lema y el abuso como bandera”, apostilla.
La diputada no adscrita ha pedido que, al margen del cese del gerente de las Brigadas que cobra 50.000 euros anuales, se haga una estimación del dinero de los trabajos realizados durante esos días, tanto en medios personales como en medios mecánicos, para que sean solicitados a los responsables.
“El papel de la Ciudad, en este caso el del Gobierno del PP y el de su responsable competente, no es el de mero espectador o firmante pasivo de un convenio, sino que debe velar, fiscalizar y hacerlo cumplir”, añade.
