El Ministerio de Hacienda ha ingresado este jueves a Ceuta 22,9 millones de euros correspondientes a dos aspectos, como son el primer tramo del Fondo COVID-19 (12 millones) y la liquidación definitiva de 2018 (10,9).
Con respecto a la transferencia del Fondo COVID-19, que en el total de las Comunidades Autónomas han sido 6.000 millones de euros -12 en Ceuta-, se trata del primer tramo de dicho fondo no reembolsable que tiene en cuenta el impacto del virus en las autonomías. En concreto, en esta primera distribución computan los ingresos UCI (30%); los pacientes hospitalizados (25%); las PCR totales realizadas (10%), así como la población protegida equivalente (35%). Las variables sanitarias son las registradas hasta el 30 de abril.
El Fondo COVID-19 supone la mayor transferencia de recursos del Gobierno central a las Comunidades Autónomas al margen del sistema de financiación. Se trata de un fondo no reembolsable que las comunidades no tienen que devolver y no genera más deuda ni intereses a las regiones, ya que el coste lo asume el Estado.
Este fondo está formado por cuatro tramos que tienen en cuenta las necesidades de financiación en materia de sanidad, educación y de merma de ingresos. El tramo abonado este viernes es el primero de los dos que se distribuirán entre los territorios siguiendo criterios representativos del gasto sanitario y que suman más de la mitad del fondo con 9.000 millones. El segundo tramo se entregará en noviembre.
El tercer tramo de estas ayudas está asociado a la educación con 2.000 millones de euros, que se transferirá en septiembre, mes en el que comienza el curso escolar. Estos recursos se repartirán conforme a la población de 0 a 16 años (80%) y a la población de 17 a 24 años (20%).
Por otra parte, las diferentes autonomías también han recibido este viernes el pago principal de la liquidación del sistema de financiación de 2018, que suma 10.730 millones de euros en el total de España y de los cuales han llegado a Ceuta 10,9. Ante la crisis derivada de la pandemia, el departamento que dirige María Jesús Montero permitió que las comunidades autónomas pudieran solicitar el anticipo del 50% de este importe.
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