La Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma están decididas a meter mano de una vez por todas al negocio del fraude que se ha desarrollado alrededor de la ropa usada que llega a Ceuta, casi siempre con el país vecino como destino final. Fuentes de la Administración General del Estado calculan que los empresarios dedicados a este sector en la ciudad autónoma, “en su práctica totalidad chinos y marroquíes”, defraudan “unos 8 millones de euros al año” a las arcas municipales, ante las que únicamente se cotiza por entre aproximadamente un 10% de su valor real. Solamente durante el último trimestre del año pasado llegaron a la ciudad autónoma alrededor de 2.300 millones de kilogramos de ropa usada “que dejaron en Servicios Tributarios unos 200.000 euros tras declararse su valor a menos de un euro por kilogramo cuando el precio final de venta al público llega a 20 y 30 euros”.
En total, al cabo del año, casi mil toneladas de textil que rinden menos de un millón de euros en forma de IPSI para la Administración local cuando, en puridad, tendrían que dejar diez veces más.
El “problema” de la ropa usada, cuyo nivel de fraude en términos absolutos supone un tercio del total que se atribuye a los polígonos del Tarajal (“unos 22 millones de euros al año”), no es nuevo.
Desde hace al menos siete años, la hemeroteca recoge multitud de titulares haciéndose eco de sus derivadas: “La presencia de comerciantes chinos en el polígono comercial del Tarajal”, alertaba el diario ‘ABC’ en enero de 2007, “ha terminado por cambiar la peculiar fisonomía de una zona a la que a diario acuden a comprar miles de porteadores marroquíes, organizando avalanchas, tapones y carreras a la desesperada por conseguir el mayor número de entradas de bultos en Marruecos, a través del paso del Biutz”. Lejos de meterlo en cintura, sin embargo, el fraude ha seguido creciendo. Cuando, a primeros de diciembre, la Agencia Tributaria entró en ‘El Jato’ y con las pistas que allí encontró llegó hasta el Puerto, se topó con 3 camiones llenos de ropa usada con un valor real por unidad de unos 200.000 euros que, en realidad, se había declarado en unos 10.000, en el mejor de los casos.
La mercancía estaba en una nave subarrendada sin permiso a alguien sin apellidos del que sólo se conoce “un apodo”, un teléfono y un rastro que lleva hasta el polígono madrileño de Cobo Calleja, ‘el Chinatown europeo’.
A los pocos días, una persona se hizo cargo de un contenedor y se declaró dispuesto a asumir la sanción que tocase. De los otros dos nadie se ha responsabilizado.
El negocio permanece casi exclusivamente en manos extranjeras, según las mismas fuentes. Los españoles, los ceutíes, sólo tocan billetes como “testaferros” o como “intermediarios”. Las Fuerzas de Seguridad calculan que unos 15.000 camiones tienen cada año los polígonos del Tarajal como destino definitivo una vez que entran en el Puerto (algo más de la mitad de los 27.000 que recibe la ciudad cada ejercicio).
Unos 1.300 ‘pases’ de porteadores diarios responden sólo al trasiego con ropa de segunda mano.
