El año pasado, con nueve, fue el que más protestas acumuló por “actuaciones incorrectas”
La Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta ha registrado durante los últimos diez años un total de 61 quejas imputadas a sus efectivos por malos tratos o actuaciones incorrectas ante cualquier instancia, jurisdiccional o no, según la información facilitada por el Gobierno de Mariano Rajoy a la senadora andaluza de Podemos Maribel Mora, que pidió que la respuesta se desglosase por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por dependencias o lugares en los que se sitúan los hechos denunciados.
Según la contestación del Ejecutivo central, el número de quejas se ha mantenido muy inestable desde 2007 hasta el año pasado, el último con datos cerrados, oscilando entre dos en 2010, el año con menos, y nueve en 2016, el ejercicio con el mayor número.
En lo tocante a la Policía Nacional solamente se da cuenta de una en 2014 por el trato dispensado en los calabozos a un arrestado por un robo con fuerza.
Con respecto a la Benemérita, los artículos de la Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil que aparecen más frecuentemente como presuntamente vulnerados en los expedientes disciplinarios incoados son los que atañen, en 2016, a “la infracción de cualquier deber u obligación legal o reglamentariamente establecida que resulte inherente al cargo o a la función, cuando se produzca de forma grave y manifiesta”, en un total de ocho casos, así como “el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo” (en dos ocasiones) o la negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales o de las órdenes recibidas (en otras tantas).
Con respecto a las denuncias por malos tratos o actuaciones incorrectas a personal del Instituto Armado durante la última década, la Guardia Civil de Ceuta ha registrado un total sobre 36 funcionarios en 23 procedimientos judiciales, aunque no se aportan datos sobre los denunciantes.
Mora también preguntó por cuántos expedientes disciplinarios, por qué razón y con qué resultado se han incoado contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los últimos diez años y para conocer “en cuántos de dichos expedientes se adoptaron medidas cautelares y cuáles fueron las medidas adoptadas” y qué número finalizó “con sanción disciplinaria”.
Sin arresto disciplinario desde hace diez años
En la Ley de Régimen Disciplinario de la Benemérita aprobada hace ya diez años las novedades más importantes introducidas, según el Gobierno, se enmarcaron en el objetivo que impregna toda norma de “encontrar un equilibrio correcto entre los instrumentos que el Cuerpo precisa para el mantenimiento de un modelo disciplinario eficiente y actual, con la supresión de determinadas figuras jurídicas cuya aplicación, en circunstancias ordinarias, resultan desfasadas, difícilmente justificables y excesivamente gravosas para los miembros”. Así, por ejemplo, se suprimió la figura del arresto del cuadro de sanciones disciplinarias.
Cuatro policías nacionales por “torturas” desde 2003
Un total de cuatro funcionarios de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta se han visto involucrados en supuestos casos de torturas y malos tratos con conocimiento de los Tribunales de Justicia en el periodo que va desde el año 2003 hasta el ejercicio en curso, según la respuesta del Gobierno a la senadora de Podemos Maribel Mora, que también pidió números sobre “otras actuaciones incorrectas constitutivas de cualquier tipo de delito o falta cometidos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” de las que se tenga conocimiento desglosadas por dependencias o lugares en los que se situaran los hechos denunciados. La Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional se aprobó en 2010 En la ciudad autónoma se han tramitado durante el último lustro un total de siete expedientes disciplinarios por supuestas faltas muy graves sobre un total de ocho funcionarios.
La Ley Orgánica del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía se aprobó hace siete años para dotarlo de un marco “plenamente adaptado a la realidad de nuestro tiempo” que permitiese “conciliar las reivindicaciones de sus integrantes con las garantías derivadas de la misión encomendada por la Constitución” y que sirviese para “mejorar y perfeccionar el régimen estatutario de una institución policial del siglo XXI” para avanzar en “el servicio público policial”.