Lo de Estrasburgo y la retroactividad de la doctrina Parot debería sorprender a pocos, al margen de su opinión acerca de la idoneidad del mecanismo. Aquella (la retroactividad de dicha doctrina) era una aberración sin lógica jurídica, ni siquiera humana; no es necesario ser experto en leyes para comprenderlo dada su más que manifiesta evidencia. Por desgracia, estamos ante otro caso en el que la política primó decisivamente sobre la buena praxis jurídica, haciendo añicos la pretendida independencia de la que debería gozar la Justicia de cualquier país civilizado. Y es que no hay manera posible de explicar cómo un tribunal con sus profundos conocimientos de Derecho fue capaz de tomar una medida así atendiendo sólo a justificaciones meramente jurídicas, de lo cual se deduce, sin muchos claroscuros, una vocación política en el arreglo retroactivo.
No comparto la aplicación de la Justicia que no sigue los marcos establecidos por ella misma, ya que vaivenes de esa tremebunda calaña son más propios de una dictadura que de una democracia sustentada en una sociedad relativamente libre. El razonamiento es muy sencillo: tal y como dicha medida se justificó cual muralla de refuerzo electrificada que impidiera poner en un brete la seguridad ciudadana, el día de mañana se puede enmascarar de manera distinta para llevar a cabo las acciones que desee el Gobierno de turno. Si los ciudadanos de este país o de otro cualquiera permiten que coartadas superficiales, que no atienden ni a los efectos secundarios que genera ni al marco que todos hemos de respetar, sostengan acciones al margen del sistema, estaremos poniendo en bandeja de plata a los gobernantes la posibilidad de pulsar el botón de la excepcionalidad cuando lo deseen.
En el caso hipotético de que ciertamente fueran decisiones tomadas con un objetivo tan noble y no tuviera consecuencias sobre personas ajenas a la cuestión en sí, me temo que también me posicionaría en contra. ¿Cómo puede combatirse la ilegalidad con más ilegalidad?, ¿qué imagen refleja un estado que, impotente, ignora los principios de su sistema por considerarlos insuficientes para alcanzar soluciones legítimas? La encrucijada no se divide entre estar del lado de los condenados o de los inocentes, sino entre apoyar y defender el Estado Derecho y los Derechos Humanos o no hacerlo.
Por otro lado, no estaría de más reorientar parte del debate en la depuración de responsabilidades tras una resolución de este calado. En este país, en el que la dimisión parece pecado mortal, estamos malacostumbrados a tolerar toda clase de tropelías sin que nadie dé la cara por todo lo hecho erróneamente, de la misma manera que se asume a fin de mes el trabajo realizado mediante una retribución que, en estos casos, suele ser considerable.
De ninguna de las formas puedo comprender cómo una sociedad es capaz de aguantar lo que soporta la española sin apenas mover un dedo para reivindicarse. Las excepciones son muy pocas y, por lo tanto, controlables. No vendría mal que se criticara con la misma energía tanto a los que permiten los abusos de los poderosos como a estos últimos. Somos los mayores cómplices de la España en la que vivimos, no lo olviden.
