La Casa Real y el Gobierno de España se encuentran trabajando de manera coordinada en los preparativos de la visita del rey Felipe VI a Ceuta.
Este viaje oficial, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se llevará a cabo en las próximas semanas, aunque todavía no cuenta con una fecha definitiva confirmada. Una visita que se produce en un contexto de alta sensibilidad política tras la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio.
Esta histórica gira constituirá el primer viaje oficial de Felipe VI a Ceuta y Melilla desde su proclamación. El último precedente se remonta a casi veinte años atrás, concretamente a noviembre de 2007, cuando el rey Juan Carlos I y la reina Sofía visitaron ambas ciudades autónomas, desatando una grave crisis diplomática con Marruecos. En aquella ocasión, el rey Mohamed VI condenó abiertamente el viaje y el Gobierno de Marruecos lo calificó de "provocación inadmisible".
A pesar de estos antecedentes, el Ejecutivo español confía en que esta visita no afecte a las relaciones bilaterales con Rabat, recordando que España es un país soberano y que Ceuta y Melilla son territorio plenamente español. No obstante, la tensión diplomática latente quedó en evidencia recientemente cuando dos ministros marroquíes reivindicaron la soberanía de ambas ciudades, lo que motivó una protesta formal del Gobierno español ante el encargado de negocios de Marruecos.
A nivel interno, el anuncio ha suscitado debate entre las principales fuerzas políticas, con el Partido Popular (PP) denunciando que el monarca no ha visitado Ceuta antes debido a que el Gobierno no se lo ha permitido. Por su parte, ante las acusaciones de la oposición y de algunos socios de coalición sobre la implicación directa de Rabat en la crisis fronteriza, el presidente del Gobierno ha reiterado que "no hay pruebas" de que el asalto migratorio fuera diseñado o ejecutado por Marruecos.
Sánchez ha garantizado que, aunque defenderá la integridad territorial con toda la fuerza del Estado, la diplomacia española apuesta por la prudencia y una política de "buena vecindad" antes que desatar un conflicto internacional de primer orden. Mientras tanto, Felipe VI ha expresado reiteradamente su preocupación por los acontecimientos y ha defendido que el Estado debe velar firmemente por la seguridad de las ciudades autónomas.
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