“El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, no ha tenido ninguna vinculación con la organización ni con la financiación”. Esta ha sido una de las respuestas que ha obtenido el senador de Compromís, Carles Mulet, cuando ha preguntado sobre la posible participación del Gobierno en la corrida que se ha intentado celebrar en Ceuta para homenajear a la Legión.
En una primera comunicación, con fecha del 21 de agosto de 2022, Mulet, haciéndose eco de lo planteado por formaciones presentes en la Asamblea de Ceuta, como el MDyC y Ceuta Ya!, además de defensores de los derechos de los animales de la ciudad autónoma, planteó las siguientes interrogantes: ¿Qué culpa tienen los toros para ser asesinados para conmemorar el centenario de la Legión?, ¿este acto ha sido impulsado, acordado o financiado por parte del Ministerio de Defensa, en caso afirmativo, con qué presupuesto?, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para evitar el uso de la imagen de la Legión o la participación de sus miembros usando símbolos o vestuario propio de esta fuerza militar en un acto en el cual se maltratan y asesinan animales?, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para conseguir que el maltrato y asesinato por ocio de animales se erradique de nuestro Estado?
La primera respuesta: el 5 de octubre
Ante esas primeras interrogantes, la respuesta recibida el pasado 5 de octubre ha sido que “se informa que el Gobierno tiene un marcado compromiso en la lucha contra el maltrato animal. En este sentido, cabe destacar la actual tramitación en las Cortes Generales del Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales,impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030”.
Asimismo, se hace referencia a que en el ordenamiento jurídico español, “la Tauromaquia constituye una manifestación del patrimonio cultural, sin que la existencia de rechazo, desafección o desinterés de parte de la población respecto de este espectáculo altere la conclusión anterior”.
Igualmente, han manifestado que “en consecuencia, el Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la Ley 28/2010, de 3 de agosto, de Cataluña, que prohibía la celebración en esa Comunidad Autónoma de corridas de toros y de espectáculos taurinos de cualquier modalidad e, igualmente, declaró la inconstitucionalidad del grueso de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Balears, por constituir un obstáculo a la normal celebración de las corridas de toros en dicho territorio”.
Lo siguiente ha sido establecer que “la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, que declara la Tauromaquia como parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, impone un deber de protección de la Tauromaquia a todos los poderes públicos, que garantizarán su conservación y promoverán su enriquecimiento y un deber específico a la Administración General del Estado de tutelar el derecho de todos a su conocimiento, acceso y libre ejercicio en sus diferentes manifestaciones”.
Por último, han explicado que “de este modo, el hecho de que la Tauromaquia sea una manifestación del patrimonio cultural español es una realidad en el ordenamiento jurídico, que el Gobierno respeta, en cumplimiento del principio de legalidad”.
Una segunda comunicación
En una segunda comunicación, enviada el pasado 6 de octubre, Mulet insiste y reclama que el Gobierno no haya contestado a todas a sus preguntas, sin únicamente a la relacionada con las medidas que adoptaría el Gobierno “para conseguir que el maltrato y asesinato por ocio de animales se erradique de nuestro Estado”, cuya respuesta han criticado.
Posteriormente, el 31 de octubre, la contestación ha sido que “en relación con el asunto interesado, se señala que el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa,no ha tenido ninguna vinculación con la organización ni con la financiación”.
Por último, Mulet ha señalado que “el Gobierno continúa sin contestar si se permitirá la presencia de la Legión en este acto”.
