El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática elaborará un Plan de Refuerzo de la Administración General del Estado (AGE) en el territorio 2024 y 2027. Lo hizo en la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (CICAPE), en la que estuvo presente la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez.
En palabras del propio ministro, Ángel Víctor Torres, la medida tendrá como objetivo “garantizar la prestación de los servicios públicos e impulsar una transformación marcada por una vocación clara de servicio a la ciudadanía”.
Dicho proyecto estará encuadrado en cuatro ejes. El primera de ello será la accesibilidad de la ciudadanía a la Administración, garantizando la atención presencial y aprovechando las nuevas tecnologías para ofrecer una atención multicanal y mejorar la prestación de servicios con la digitalización de la gestión. Se trata de combinar avances tecnológicos, inclusión y cercanía”, explican desde el propio organismo.
El segundo de ellos versará sobre la ordenación de los recursos humanos “para la gestión eficiente de los servicios públicos y diseño de una nueva estructura, con unos perfiles de recursos humanos adecuados y una dirección por objetivos que permita a los empleados conocer sus resultados y la vinculación con sus retribuciones”.
Continuando con este plan, también se tratará de dar visibilidad a la AGE en el territorio, “desde el refuerzo de la imagen de la Delegación del Gobierno, la coordinación de la AGE en el territorio y una apuesta por la transparencia y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía”.
Por último, se buscará la sostenibilidad en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En ella se emplearán “grandes programas, como eficiencia energética de los inmuebles y automóviles, reducción de residuos y consumo de papel”.
Refuerzo del papel de los delegados del Gobierno
Por otra parte, Torres ha subrayado la necesidad de “reforzar el papel de los delegados como representantes del Gobierno en el territorio, estrategia que exige el compromiso y complicidad de todos los departamentos ministeriales para garantizar una coordinación y comunicación fluidas”.
“Los delegados son, en muchos territorios, la única presencia política del Gobierno de España y su papel cobra especial relevancia porque son quienes trasladan a los ciudadanos las políticas públicas estatales”, indican desde el organismo.
Para ello, el ministro se ha comprometido a reunir dos veces al año a la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado, a hacerlo fuera de Madrid y a que se organicen las comisiones permanentes necesarias para abordar asuntos sectoriales que afecten a más de un departamento ministerial.
Atención de menores migrantes no acompañados
Sobre la atención a menores migrantes no acompañados, Ángel Víctor Torres se ha referido a la celebración, el próximo 18 de marzo, de una comisión intersectorial con las comunidades autónomas, convocada por la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz.
Además, ha anunciado que está prevista la celebración posterior de una comisión interministerial de migraciones, coordinada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
El ministro ha señalado que se han mantenido diversas reuniones sobre esta materia y que se está valorando, por parte de los servicios jurídicos, la propuesta elevada por el Gobierno de Canarias para la modificación normativa que regularía el reparto de menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas.
“Espero que en este mismo mes de marzo podamos contar con la propuesta de modificación normativa, pero ello exige dos cuestiones: primero, hay que encontrar la opción jurídica más viable; y segundo, ello requiere del compromiso de los distintos grupos políticos, ya que cualquier cambio en la norma tiene que pasar por las Cortes Generales”, ha aclarado Torres.
Por último, ha agregado que “el esfuerzo de gobierno de España es indudable”. Sin embargo, ha considerado que “el volumen de menores desplazados es muy bajo, por las dificultades con esos convenios bilaterales”.
Por esta razón espera estar “a las puertas” de cerrar “un compromiso por parte de todas las fuerzas políticas para la modificación normativa que permita un reparto con criterios objetivos, con una obligación por parte de las comunidades autónomas, junto al compromiso del Gobierno de España”.
