El
Consejo de Gobierno abordó en el encuentro de este viernes la situación en la que se encuentran las
Brigadas Verdes. Como asunto de urgencia, se aprobó el convenio con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta y el proyecto de las Brigadas Verdes. La cuantía de dicho convenio es de 3.513.000 euros y mantiene a una plantilla de 154 personas, logrando un leve incremento en comparación con la cuantía económica del año pasado, principalmente para la dotación de medios. En estos momentos, están a la espera de que el comité de empresa de las Brigadas Verdes responda que opción prefiere: si se queda bajo la gestión de la FPAV
o pasa a Tragsa mediante una encomienda de gestión. Esta última opción supondría el encargo a la trasnacional incluyendo la subrogación de toda la plantilla. En cuanto a la municipalización que reivindica el comité de empresa, pasando a alguna de las empresas municipales de la ciudad, “no se contempla porque no asegura que estos puestos de trabajo sean par las personas que actualmente están en las brigadas verdes”. No obstante, pese a que el convenio que se aprobó este viernes, conciben que se trata de un paso “transitorio” ya que esperan solucionar en breve este problema y que se determine de una vez el futuro de las Brigadas Verdes. “Esta solución tiene que tener en cuenta la calidad de los servicios que prestan, preservar los derechos de los trabajadores, sobre todo sus puestos de trabajo, y el cumplimiento de la ley”, precisó. Tanto la consejera del área como el presidente de la Ciudad, apuntó Rontomé, están abiertos al diálogo y a las necesidades para dar solución a este problema, aunque reiterando que una Oferta de Empleo Público no sería el remedio para este caso.
La denuncia de la CGT
El portavoz no quiso entrar en la denuncia que esta semana la CGT ha hecho en relación a las “cesión ilegal de trabajadores” que supondría esta encomienda a Tragsa. Lo que sí reiteró es que la oferta de empleo público presentaría un “problema” y éste se basa en que no se garantizaría que los actuales trabajadores conservaran su puesto, ya que puede venir gente de fuera a optar por una de estas plazas. “Es legal y es viable, pero no aseguramos los puestos de trabajo”. Indicó que lo que pretenden los sindicatos es “que se les vista un traje”, pero la Ciudad sí que no está dispuesta a hacer una oposición a medida, agregando que no sería legal cerrar tanto una oferta de empleo para que se mantuviera la actual plantilla, “incurriríamos en un ilícito”. Consideró que es bastante “plausible” que venga otra personas de fuera, con una experiencia similar o mayor y termine por “quitar” ese puesto a la persona que ahora lo ocupa. “No la contemplamos porque no se aseguran los puestos de trabajo”.