La situación de la Justicia en Ceuta vuelve a situarse en el centro del debate político tras la respuesta del Gobierno a las preguntas formuladas por el Partido Popular en el Senado. Según denuncia la formación, la contestación del Ministerio de Justicia confirma que la ciudad autónoma quedará fuera del reparto inicial de las 500 nuevas plazas judiciales anunciadas para toda España y que tampoco existe un plan específico para corregir las deficiencias detectadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
La polémica surge a raíz de la Memoria del TSJA correspondiente a 2025, un documento que alertaba de una elevada litigiosidad, retrasos en la resolución de procedimientos, desequilibrios entre órganos judiciales y problemas de planificación en las infraestructuras destinadas a la Administración de Justicia en Ceuta.
Uno de los aspectos más destacados de la respuesta parlamentaria es que el Ministerio no contempla la creación de nuevas plazas judiciales para la ciudad dentro del paquete de refuerzo anunciado por el Ejecutivo. La única posibilidad mencionada es la eventual asignación de algún juez de adscripción territorial en función de las necesidades futuras.
Desde el PP consideran insuficiente esta medida y sostienen que el Gobierno evita asumir compromisos concretos pese a reconocer la elevada carga de trabajo que soportan los órganos judiciales ceutíes.
La formación recuerda que las advertencias sobre la situación de la Justicia en la ciudad no son nuevas y que el propio TSJA viene señalando desde hace años la necesidad de adoptar medidas para mejorar el funcionamiento de los juzgados.
Otro de los puntos que genera preocupación es la situación de la jurisdicción civil de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial con sede en Ceuta. Según los datos recogidos en la Memoria del TSJA, la pendencia alcanza los 43 meses, una cifra que afecta directamente a ciudadanos, empresas y profesionales que esperan la resolución de sus procedimientos.
El Ministerio atribuye esta situación al incremento del número de asuntos registrados, pero no plantea nuevas incorporaciones de jueces, funcionarios ni refuerzos organizativos que permitan reducir esos plazos.
Para el Partido Popular, resulta especialmente llamativo que el Gobierno minimice el problema argumentando que el dato relevante es el tiempo de respuesta, cuando precisamente ese indicador alcanza casi cuatro años de espera en algunos procedimientos.
La respuesta del Ejecutivo tampoco aclara las cuestiones planteadas sobre el edificio del antiguo Banco de España, donde se realizaron importantes inversiones destinadas a mejorar las infraestructuras judiciales.
Los populares habían solicitado explicaciones sobre los motivos por los que estas actuaciones no han logrado poner fin a la dispersión de las sedes judiciales y sobre las críticas realizadas por el propio TSJA respecto a la planificación de dichos espacios.
Sin embargo, según el partido, el Ministerio evita pronunciarse sobre estas cuestiones y no anuncia medidas para corregir una situación que sigue condicionando el funcionamiento diario de la Administración de Justicia en la ciudad.
La contestación gubernamental también descarta, por el momento, nuevos refuerzos para la Sección Sexta de la Audiencia Provincial y no contempla incrementar los medios personales o materiales disponibles.
Además, no concreta si revisará la planta judicial para adaptarla a la carga real de trabajo existente ni aclara qué recursos adicionales acompañarán la implantación del sistema Atenea en Ceuta.
El Partido Popular considera que la respuesta evidencia una falta de planificación y denuncia que el Ejecutivo sustituye compromisos concretos por referencias genéricas a futuros procesos de modernización.
Desde la formación popular sostienen que el Gobierno intenta justificar su inacción señalando que ni el Consejo General del Poder Judicial ni el TSJA solicitaron nuevas plazas o medidas de refuerzo.
Un argumento que consideran insuficiente, ya que recuerdan que el Ministerio mantiene las competencias sobre los medios personales y materiales de la Administración de Justicia en Ceuta.
Para el PP, la respuesta parlamentaria refleja que, pese a las deficiencias identificadas por los órganos judiciales y a las preguntas planteadas en el Senado, el Ejecutivo no prevé actuaciones concretas para resolver los problemas que afectan al sistema judicial ceutí.
La formación asegura que continuará reclamando más recursos y una planificación específica para garantizar una Justicia más ágil, eficaz y capaz de responder a las necesidades reales de los ciudadanos de Ceuta.
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