La pasada semana conocíamos la suspensión del Juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Es de lamentar que el Poder Judicial haya consentido la anómala aceleración de la causa contra el juez, que claramente ha ido más rápido de lo normal, amenazando la estabilidad institucional, y profundizando la distancia existente ya entre amplios sectores de la ciudadanía y la Justicia. Garzón se ha caracterizado siempre por su vocación hacia el servicio público, por la defensa del Estado de Derecho frente al crimen organizado, ya sea terrorismo, narcotráfico, corrupción, o los delitos socioeconómicos.
Sólo desde una visión extremadamente particular y parcial se puede pensar que perseguir los crímenes de la dictadura, con el respaldo doctrinal de una parte de la Audiencia Nacional, supone una prevaricación, porque ello supone igualmente considerar que quienes respaldaron la competencia de Garzón han prevaricado igualmente.
Siempre hay que mostrar el máximo respeto hacia las decisiones judiciales pero creo que el Consejo General del Poder Judicial debería, más bien, poner la vista en los intereses oscuros que han movido la persecución contra Garzón, y debería tratar de luchar por la mejora de la imagen que los ciudadanos tienen de la Justicia, en lugar de ser cómplices de una anomalía judicial que deteriora, no sólo la confianza hacia los poderes públicos, sino también la imagen que proyecta España en el exterior en materia de persecución de crímenes contra la humanidad, seguridad en el ejercicio de las libertades públicas e interpretación judicial.
Tras este varapalo, el mítico juez por fin ha tenido una buena noticia. El Fiscal de La Haya ha contestado al Poder Judicial afirmando que siguen queriendo contar con los servicios del Juez Garzón en calidad de Asesor Legal de la Fiscalía. Esto no le sirve a Garzón para olvidar lo ocurrido pero, al menos, podrá seguir realizando una labor importante en el campo judicial como ha estado haciendo a lo largo de su extensa carrera en nuestro país.
