La
Policía Nacional y la
Guardia Civil liberaron en 2022 a un total de 1.180 víctimas de redes de trata y explotación sexual o laboral, entre ellas 26 menores. En el caso de Ceuta solo consta la existencia de una víctima de explotación sexual en 2019 y la detección de tres personas en riesgo en 2022. Así se recoge en el informe elaborado por el Ministerio del Interior sobre
trata y explotación de seres humanos. Este balance global es el resultado de 304 operaciones, que desembocaron en la detención de 693 personas y la desarticulación de 78 organizaciones y grupos criminales. También se llevaron a cabo más de 7.600 inspecciones administrativas a locales dedicados a la prostitución y a centros de trabajo. En 2022 se practicaron 4 inspecciones administrativas en lugares en donde se practica la prostitución, más que en 2019 cuando solo hubo una. En situación de riesgo fueron detectadas 3 personas y hay que retrotraerse a 2019 para dar con una víctima de explotación sexual. No constan detenciones por estas prácticas. Las fuerzas de seguridad también realizan una actividad preventiva vinculada a la trata pero también a la explotación laboral con inspecciones en centros. Así en 2022 fueron 138 y trabajadores inspeccionados fueron 256. Estos datos proceden del Balance Estadístico 2022 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España que ha sido elaborado por el
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
Balance nacional de las fuerzas de seguridad
Las operaciones policiales llevadas a cabo en el ámbito de la trata y explotación sexual culminaron con la desarticulación de 53 grupos y organizaciones criminales y la detención de 402 personas, la mayoría de nacionalidad española. La trata de personas supone una grave violación de los derechos humanos y una de las actividades criminales más lucrativas, solo por detrás del tráfico de drogas y al mismo nivel que el tráfico de armas. Esta realidad creciente ha impulsado la elaboración de un Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, que el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, presentó el 18 de noviembre de 2021 ante el Consejo de Seguridad Nacional. El plan potencia y articula medidas para mejorar la lucha contra este delito y facilitar la asistencia y protección a sus víctimas, todo ello mediante un mecanismo de cooperación entre los distintos organismos de la Administración General del Estado implicados, así como con las organizaciones especializadas de la sociedad civil.