El anuncio lo hizo ayer el consejero de Fomento, Néstor García León. El Gobierno local está dispuesto a darle otra vuelta de tuerca a la ordenanza para que no caduquen los expedientes por infracciones urbanísticas, ampliando los plazos y aumentando también el importe de las sanciones.
Era la respuesta del consejero a la interpelación planteada por el portavoz del Grupo Socialista, Manuel Hernández Peinado, que preguntó por el número de construcciones ilegales identificadas por la Consejería, el estado de los expedientes en curso y el personal que se ha destinado por parte de la administración local a combatir las obras ilegales, una cuestión que el Ejecutivo de Vivas se ha marcado esta legislatura como una prioridad.
Según los datos aportado por el consejero, en la actualidad la administración local tramita 300 expedientes de viviendas que no pueden ser legalizables de ninguna manera y que tiene detectadas otras 65 construcciones en estado incipiente desde el pasado 1 de julio y sobre la que se está tratando de intensificar las medidas, que incluyen la paralización de los trabajos, la retirada de los materiales de construcción e incluso la denuncia ante la Inspección de Trabajo, pero todo en un sistema que García León reiteró, como lo hizo el pasado viernes tras el Consejo de Gobierno, “que es demasiado garantista”. En cualquier caso, afirmó que se han multiplicado “por tres” los decretos de paralización de obras, aunque de momento solo se ha podido demoler una construcción “consecuencia de un expediente muy antiguo”, admitió para señalar que ya “hay fecha” para el derribo de otras obras irregulares. “Es un procedimiento largo y costoso, pero todo llega porque tenbemos procedimientos en el Juzgado que al final los vamos a tener que ejecutar nosotros”
Por su parte, el diputado socialista achacó a la “desidia e inacción” en legislaturas anteriores la situación actual, “en la que el Gobierno no estaría lamentándose si hubiera hecho antes todo este trabajo”.
Néstor García negó que hubiera habido desinterés o abandono sino que los técnicos estaban “absolutamente desbordados” y que la Ciudad cuenta con medios “muy limitados para dar una respuesta contundente”. Además insistió en que se tendrían que haber dejado de hacer “muchas cosas” si Fomento se hubiera dedicado en exclusiva a la disciplina urbanística, “un problema en el que en cualquier caso no hemos partido de cero, sino que lo que hemos hecho ha sido intensificar un problema que es muy antiguo”.
Lo que también subrayó es que se ha intensificado la coordinación entre departamentos, especialmente con la Consejería de Presidencia y Gobernación, de la que dependen la Policía Local, el Parque Móvil y Obimace. “Con esa coordinación más fluida estamos consiguiendo acortar los plazos”.
El consejero por otra parte, también ha subrayado que todas estas actuaciones quedarán “perfectamente recogidas en el PGOU, donde quedará claro dónde podemos y dónde no edificar”.
C’s denuncia dos ocupaciones ilegales en el Hacho
El responsable de Fomento aseguró ayer que los servicios municipales tienen “plenamente identificadas” a las personas que han ocupado el Fortín de la Palmera, en el Camino de Ronda, aunque admitió que no tanto al ocupante de una construcción en ruina que se está utilizando como vivienda en el cruce del Desnarigado. En cualquier caso, el consejero García León respondió al portavoz de Ciudadanos, Javier Varga, que había preguntado por esta cuestión, que se intentará localizar a las personas que han ocupado esta parcela en el Hacho y respecto al del fortín indicó que fue en una ocasión usuario de los Servicios Sociales.
