La Ciudad tiene previsto derribar otros cuatro edificios a los que se declaró en ruina inminente. Cuando se trata el problema de las obras ilegales, la inercia lleva a pensar en barriadas como el Príncipe o Pasaje Recreo. Sin embargo, como advirtió ayer en el programa radiofónico ‘La voz de El Faro’ Carolina Pérez, subdirectora general de la Consejería de Fomento, la inspección técnica también se topa con construcciones irregulares en el centro de la ciudad y otras zonas en las que tradicionalmente no se registraba este fenómeno.
Como ejemplo, la representante del Gobierno autonómico habló de un ático cuyo proyecto de demolición asciende a 60.000 euros ya que el derribo conlleva una serie de medidas de protección y seguridad que elevan el importe final. No obstante, Pérez recordó que en varias ocasiones y, a lo largo de los años, la Ciudad ya actuó de oficio ante este tipo de irregularidades.
En la actualidad, declaró la subdirectora de este área ante los micrófonos de la COPE, existen varias denuncias contra los propietarios de áticos de similares características, algunos en el centro. En concreto, Pérez detalló que entre cuatro y cinco están denunciados pero aún no hay sentencia firme ni sus dueños, aunque se personaron, tomaron la iniciativa de ejecutar la solicitud de Fomento. Unos procedimientos judiciales que se pueden prolongar entre dos y tres años. “Si no está previsto que en esa estructura se haga una determinada reforma, habrá que demolerla”, subrayó.
En el capítulo de demoliciones, la Ciudad contempla una partida con esta finalidad. Pérez avanzó que próximamente se iniciará el derribo de cuatro edificios tras su declaración como de ruina económica o inminente.
La subdirectora de Fomento instó a que los inquilinos de construcciones irregulares asuman la demolición antes de que sea ejecutada por parte de la administración. Éste debe ser, según Pérez, el último recurso ya que la Ciudad realiza esta labores de forma subsidiaria y, con posterioridad, repercutirá en la economía de los propietarios. “Siempre les saldrá más económico que sean los dueños quienes contraten a la empresa de derribos”, apuntó Pérez. Sin embargo, muchos titulares se encuentran con el problema de que no pueden asumir estos gastos, explicó la portavoz del área.
El número de expedientes abiertos por la Consejería relacionados con la indisciplina urbanística asciende a unos 80 ó 90, de ellos unos 40 están judicializados, calculó la representante de la Ciudad. Pérez recuerda que cuando el equipo técnico detecta una infracción se pone en conocimiento de las autoridades competentes y se otorga audiencia como dicta la ley. En caso de que el propietario no adopte las medidas pertinentes, la obra en cuestión se eleva a los tribunales.
