La Fiscalía General decidirá sobre la acusación pública con el caso de las vacunas que denunció MDyC

La Fiscalía General del Estado está estudiando los distintos procedimientos judiciales abiertos por toda España en relación con la existencia de personas que podrían haberse saltado las pautas de la Estrategia Nacional de Vacunación para inmunizarse antes de lo que les tocaba, entre ellos el iniciado en Ceuta con las denuncias del MDyC, el PSOE y Vox, para fijar criterio sobre la postura que seguirá el Ministerio Público y coordinar sus actuaciones, según han indicado fuentes judiciales a El Faro de Ceuta.

La Unidad de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de la Policía Nacional ya ha remitido al Juzgado el informe que le pidió la Fiscalía “sobre la posible detección de irregularidades observadas durante el proceso de vacunación”, pero en el dictamen no aporta novedades significativas y prácticamente “se limita a hacer referencia a los hechos en concreto”.

El Ministerio Público acordó el 2 de marzo abrir diligencias previas de carácter penal para esclarecer los hechos denunciados primero por el MDyC y después por el PSOE y Vox tras conocerse que el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, que terminó dimitiendo, y otros altos cargos y funcionarios de su departamento habían recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 sin que supuestamente les correspondiese.

La Fiscalía pidió tanto a la Ciudad como al INGESA, cuyo director territorial, Jesús Lopera, también se vacunó antes que cientos de profesionales sanitarios de primera línea, el "expediente administrativo incoado en relación al proceso de vacunación contra la COVID-19, resoluciones (escritas o verbales) recaídas con expresión de las autoridades o funcionarios que las hubieran dictado, criterios seguidos en relación a dichas vacunaciones y relación de las personas vacunadas hasta la fecha, con expresión de sus grupos de vacunación, categoría laboral y adscripción actual al correspondiente servicio o departamento, fecha de administración de la primera y segunda dosis".

En el caso de la información del INGESA, la Fiscalía censuró que se le envió un listado “en la que no aparecen reflejados los nombres y apellidos de las personas vacunadas, obstaculizando e impidiendo así la correcta fiscalización del procedimiento seguido”.

Requerimiento también a las Residencias

La Fiscalía de Ceuta también reclamó en marzo a los directores de la Residencia Gerón, Nuestra Señora de África y Cruz Blanca que, como ya había hecho con los responsables de la Consejería de Sanidad y de la Dirección Territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA), aportasen "con carácter urgente y en un plazo improrrogable de 15 días naturales" la "relación de los residentes, empleados y personal de dichos centros que han sido objeto de vacunación, con expresión de sus nombres y apellidos, categoría laboral, DNI y fecha de administración de la primera y en su caso segunda dosis”.

Hasta siete delitos con posible encaje para los ‘colados’

En los distintos procedimientos judiciales abiertos por toda España por la existencia de posible reproche penal hacia quienes se ‘colaron’ en el proceso de vacunación se han barajado hasta siete posibles delitos con encaje en la actuación de, sobre todo, políticos y altos cargos de instituciones sanitarias: administración desleal de bienes públicos, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, cohecho pasivo impropio, apropiación indebida y contra los derechos de los trabajadores.

Todos esos son los presuntos delitos atribuidos por el sindicato LAB a finales de enero en la denuncia que presentó en los juzgados de guardia de Bilbao contra los ex directores gerentes de los hospitales de Basurto y Santa Marina, Eduardo Maiz y José Luis Sabas, respectivamente, por su vacunación “irregular”.

Tanto en Vizcaya como en Baleares o Santander la Fiscalía acordó cerrar las diligencias de investigación abiertas igual que en Ceuta sin concluir la existencia de presuntos delitos penales.

En Murcia también se incoó un procedimiento todavía no cerrado tras saberse que el hasta entonces consejero de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Manuel Villegas y unos 400 trabajadores de la Consejería de Salud se habían el protocolo de Sanidad para ordenar la inmunización.