Ante la oleada de feminicidios en los que la víctima había presentado denuncia por violencia de género, Teresa Peramato, fiscal de la sala contra la violencia sobre la mujer ha instado a los fiscales delegados de este área en toda España, incluida Ceuta, a actuar en dos líneas.
Por un lado, se pide que el ministerio fiscal interese siempre medidas cautelares en casos de violencia de género, incluso aunque las denunciantes no lo soliciten expresamente. Un ejemplo en este casos serían las órdenes de alejamiento.
Por otro lado, Peramato ha alentado a los fiscales nacionales a pedir la instalación de dispositivos telemáticos cuando no se solicite la prisión provisional, en situaciones de "riesgo extremo", "alto" o "medio de especial relevancia".
Los datos facilitados por la fiscalía justifican estas medidas.
En el mes de diciembre de 2022, de los 12 feminicidios confirmados a fecha de hoy, en el 50% existían denuncias previas por la pareja o ex pareja finalmente asesinada. De ellas, solamente en dos ocasiones se acordó una orden de protección y en ambas quedaron sin efecto las medidas en pocos meses. En otras dos ocasiones los procedimientos terminaron en sentencia condenatoria por los actos denunciados.
En los otros dos casos, con varias denuncias en ambos, los procedimientos estaban en tramitación y no se había acordado ninguna medida cautelar en protección de las víctimas.
Si analizamos los feminicidios ocurridos de 1 de enero a 31 de diciembre de 2022, resulta que en el 42.85% de los supuestos había denuncias previas y solo en seis ocasiones se acordó la Orden de protección y en otras cuatro se había dictado sentencia condenatoria (en dos ocasiones estaba vigente la prohibición de aproximación).
Según los datos del Cuerpo General del Poder Judicial (CGPJ) del tercer trimestre de 2022, la proporción de solicitudes de órdenes de protección en relación con el número de denuncias es del 20% (10.302 solicitudes frente a 49.479 denuncias) y las acordadas fueron el 66,7% de las solicitadas (6.873), por lo que en relación al total de denuncias interpuestas solo se acordó protección en un 13.9% de los supuestos denunciados.
"Son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género", subraya la fiscal en su escrito.
