El sector hostelero español vive momentos de incertidumbre tras la aprobación de la nueva Ley de Regulación del Alcohol y Menores. Una medida que también pondrá en jaque a los bares de Ceuta.
La norma, impulsada por el Consejo de Ministros, busca reducir la exposición de los menores al consumo de alcohol, pero podría generar un impacto económico sin precedentes en bares, restaurantes y cafeterías de todo el país.
Según un informe elaborado por Análisis Económico Integral (AEI) para Hostelería de España y la asociación Cerveceros de España, las restricciones publicitarias contempladas en la ley podrían ocasionar pérdidas de hasta 1.700 millones de euros y poner en riesgo 10.000 puestos de trabajo en el sector.
El estudio advierte que los bares rurales y pequeños negocios familiares serán los más perjudicados, ya que dependen en gran medida de los ingresos indirectos provenientes del patrocinio y el material promocional de las marcas cerveceras.
Fin de los logotipos en terrazas y bares
Una de las medidas más polémicas de la ley es la prohibición del patrocinio y la publicidad de bebidas alcohólicas en cualquier espacio o mobiliario visible al público.
Esto incluye elementos tan comunes como mesas, sillas, parasoles, rótulos, servilleteros o toldos decorados con logos de marcas de cerveza.
Según el análisis de AEI, alrededor del 75% de los 130.000 bares y cafeterías en activo en España utilizan este tipo de mobiliario.
La retirada de estos elementos supondrá una pérdida media de 12.000 euros por local, lo que podría llevar al cierre de numerosos establecimientos en zonas rurales y costeras.
El informe también calcula un coste directo de 600 millones de euros solo por la retirada y sustitución del mobiliario, a lo que se sumaría una caída en las ventas de entre 1.080 y 1.680 millones de euros en los próximos años.
Restricciones a la publicidad y venta
El texto legal aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de marzo establece que las bebidas alcohólicas deberán mantenerse en áreas separadas de los productos destinados a menores.
Además, se prohíbe vender o exhibir alcohol en establecimientos frecuentados mayoritariamente por menores, como centros de ocio juvenil o recintos deportivos.
La ley también veta toda forma directa, indirecta o encubierta de publicidad de bebidas alcohólicas o de productos que las imiten.
Queda prohibido usar nombres, logotipos o símbolos de las marcas e incluso el uso de imágenes o voces de personas menores de 21 años en anuncios, o de adultos caracterizados como menores.
Asimismo, se prohíben los mensajes publicitarios que asocien el consumo de alcohol con éxito social, atractivo físico o mejora del rendimiento deportivo, un punto especialmente dirigido a las campañas televisivas y en redes sociales.
El sector hostelero pide diálogo y medidas de compensación
Desde Hostelería de España consideran que la norma es “un golpe innecesario a un sector que ya ha sufrido las consecuencias de la inflación y la subida de costes energéticos”.
El organismo pide al Gobierno que abra una mesa de diálogo para estudiar el impacto real de la ley y explorar alternativas menos dañinas para los pequeños negocios. “Proteger a los menores es fundamental, pero hay que hacerlo sin destruir el tejido hostelero que da vida a nuestros pueblos y barrios”, señalan desde la patronal.
El sector propone permitir la promoción de bebidas fermentadas con menos de 0,5% de alcohol, lo que incluiría algunas cervezas sin alcohol y vinos desalcoholizados.
Por su parte, Cerveceros de España advierte que la nueva normativa “pone en riesgo una parte esencial de la cultura y la economía del ocio español”.
El patrocinio de terrazas y eventos locales ha sido históricamente una vía de financiación para muchos negocios y asociaciones.
Un periodo de adaptación, pero con incertidumbre
Aunque la ley ya ha sido aprobada, su entrada en vigor se producirá un año después de su publicación oficial. Esto otorgará a los establecimientos un periodo de adaptación para retirar logotipos, sustituir mobiliario y rediseñar espacios exteriores.
Sin embargo, el sector teme que el coste de adaptación sea demasiado alto. Los bares más pequeños, sin acceso a financiación, podrían tener que cerrar o reducir plantilla para asumir el gasto.
La medida también afectará a proveedores de mobiliario y material publicitario, que podrían ver reducida su actividad de manera drástica.
Un equilibrio entre salud pública y economía
El Gobierno defiende la ley como un paso necesario para proteger la salud de los menores y reducir la normalización del consumo de alcohol. El Ministerio de Sanidad insiste en que el objetivo no es perjudicar al sector hostelero, sino “proteger a los más jóvenes de la exposición constante al alcohol en su entorno cotidiano”.
Pese a ello, los hosteleros alertan de que una “buena intención sin planificación” puede derivar en pérdidas irreversibles para miles de familias que viven de la hostelería. “Los bares son parte del tejido social y económico de España. Si desaparecen, también se pierde parte de nuestra cultura”, concluye la patronal.
El debate sobre la ley del alcohol acaba de comenzar. Entre la protección de la juventud y la supervivencia del sector hostelero, el Gobierno deberá encontrar un equilibrio que no deje a nadie fuera de juego.
