La Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras (FECCOO) calcula que la oferta pública docente que tendría que convocarse en la ciudad para estabilizar el empleo necesario para reducir la temporalidad al 8% y la cobertura de las jubilaciones asciende a 505 plazas. Estos cálculos se han realizado a partir de los datos obtenidos por el sindicato en las mesas de negociación y en los listados de adjudicaciones de vacantes, y en una proyección de las jubilaciones futuras tomando la tendencia de estas en los últimos seis años.
Actualmente, la oferta que se ha firmado o está encima de la mesa
(350 para Ceuta) viene a ser un 69,2% de la oferta total que se estima necesaria para los objetivos señalados.
La central instó al anterior equipo del Ministerio de Educación y ha pedido al nuevo que “con la máxima urgencia” cree un grupo de trabajo o mesa técnica “en el que se haga un seguimiento de la oferta de empleo público y de otros aspectos que se derivan de esta”.
Por otro lado, después de que en Ceuta
quedase sin cubrir casi el 30% de las plazas convocadas este año, el porcentaje autonómico más alto de todo el país, FECCOO ha planteado varias sugerencias sobre el modelo de proceso selectivo.
Comisiones opina que son necesarias “medidas que favorezcan que todas las personas que no han podido obtener la plaza como consecuencia de los recortes en empleo y la limitación de la tasa de reposición puedan ver reconocido su trabajo durante los años de mayores recortes en el presente escenario de amplia oferta de empleo público”. Entre las medidas propuestas se incluye la configuración de una fase de oposición con pruebas no eliminatorias, de forma que se pueda hacer una evaluación global de los conocimientos y las competencias pedagógicas de las personas aspirantes.
Además, la Federación que en Ceuta lidera Antonio Palomo ha planteado un aumento del peso de la experiencia en la fase de concurso: actualmente es de un 12%, y en la Disposición Transitoria del Real Decreto referente de 2007 estaba en un 16%.
Según el sindicato, las sentencias que configuran la jurisprudencia del Tribunal Constitucional apuntan a que podría llegar al 45%.