El Área de Menores de la Ciudad ha comenzado esta semana a enfocar con nitidez el problema que, en forma de más de mil menores migrantes marroquíes no acompañados, ha dejado en Ceuta la crisis migratoria que desató el país vecino el pasado 17 de mayo. Basta con pasear por casi cualquier punto de la ciudad, desde Benítez hasta Santa Catalina, para atisbar que aún pueden ser cientos los jóvenes que permanecen en situación de calle, pero la administración local ya tiene acogidos a 1.125, entre ellos los 238 albergados en
‘La Esperanza’, parte de los cuales
serán repartidos en breve por las distintas autonomías en el marco del mecanismo de solidaridad “sin precedentes” articulado. La Ciudad cuenta, de los recién llegados, con 920 reseñados por la Policía. En Piniers hay 171 varones y 67 chicas. En el polideportivo Santa Amelia, 245 hombres y en las naves del Tarajal, otros 364. El escrupuloso procedimiento que prescribe la legislación y que el Servicio de Protección a la Infancia que dirige Toñi Palomo sigue “al pie de la letra” ha comenzado a avanzar en el proceso de cribado con la realización en el
Hospital de pruebas de determinación de edad a aquellos cuya edad está en duda (este viernes se efectuaron las diez primeras) y de la mano de la oenegé Save The Children se han realizado ya más de 150 entrevistas personales con niños y adolescentes. Con ellas se ha conseguido documentación que evitará pruebas radiológicas innecesarias y agilizará trámites con algo más de la mitad (80), así como entablar contacto con 79 familias. El resultado de estas conversaciones ha sido “desolador”, sobre todo si se compara con
las 4.400 llamadas que recibió el teléfono habilitado por Menores justo después de la crisis
(956 51 24 13) para que los progenitores en busca de sus hijos pudiesen localizarlos con rapidez. Con independencia de que viniesen engañados o no, el 92,5% de los padres y madres se ha “interesado” por el estado de sus descendientes, pero una vez aquí prefiere que se queden en España “por motivos socioeconómicos, familiares, falta de dinero, pobreza, encarecimiento de medicamentos...”, y sólo en seis casos se ha encontrado respuesta favorable. Ahora toca lidiar con la posición del país vecino para facilitar las reagrupaciones. Los tres primeros intentos han resultado “infructuosos”. En el de una joven, porque al ser preguntada en
la frontera dijo haber accedido a Ceuta fuera de los días críticos de la avalancha, por lo que fue rechazada. En los de dos niños, porque la Gendarmería no consintió que los padres se acercasen al punto de entrega con el fin de que los técnicos de la Ciudad constaten el tono de su encuentro, como prescriben los protocolos. “En los procedimientos de reagrupación no sólo es necesario cotejar la filiación, sino también valorar riesgos de contacto, la viabilidad del retorno y el consentimiento de padres y menores nos hacen responsables de esos menores y no podemos dárselos a policías, menos a agentes que hace dos semanas abrían las puertas para que saliesen de su país”, argumenta la jefa del Área.