La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha condenado a uno de los dos acusados por un delito de tráfico de drogas tras intentar introducir más de dos kilos de hachís ocultos en una motocicleta.
El otro acusado ha quedado absuelto al considerar que fue utilizado de forma indebida para eximir de responsabilidad al principal encausado.
Además, se acordó que se dedujera testimonio al considerar probado que se intentó utilizar a una persona vulnerable para desplazar la culpabilidad penal. Se había aplicado una estrategia.
Los hechos se remontan al 4 de diciembre de 2025, a las 14:15 horas, cuando el acusado que ha sido condenado accedió a la estación marítima de Ceuta a bordo de una motocicleta en cuyo interior se hallaron 2.280 gramos de hachís, ocultos bajo el asiento del vehículo.
Durante la vista oral, celebrada en el Juzgado de lo Penal, ambos acusados ofrecieron versiones contrapuestas de lo ocurrido, lo que llevó a la Fiscalía a modificar su escrito de acusación y retirar los cargos contra el segundo procesado.
El primer acusado negó desde el inicio conocer la existencia de la droga y aseguró que únicamente había accedido a cruzar la motocicleta a Algeciras a cambio de 50 euros, como un favor a una persona a la que dijo conocer solo del barrio.
Según su declaración, el otro acusado le explicó que necesitaba reparar una pieza de la motocicleta que no se encontraba en Ceuta, por lo que debía trasladarla hasta un centro comercial en Algeciras, tomar una fotografía de donde quedara aparcada y enviar la imagen como comprobación.
El acusado afirmó que aceptó el encargo por necesidad económica, ya que trabajaba como repartidor de comida a domicilio, y negó haber notado cualquier anomalía en el asiento del vehículo o sospechado que pudiera transportar droga.
El segundo acusado negó cualquier relación con la sustancia estupefaciente e indicó que había entregado su teléfono móvil para facilitar la investigación, tal como confirmó su defensa durante el juicio.
Ante las preguntas de la Fiscalía, reconoció que en fase de instrucción ofreció hasta tres versiones distintas de los hechos, explicando que había recibido mensajes desde un teléfono marroquí en los que se le ofrecían 3.000 euros para que se hiciera pasar por el dueño de la droga.
Según su testimonio, fue inducido a autoculparse con la promesa de que no tendría consecuencias penales al carecer de antecedentes, llegando incluso a recibir instrucciones detalladas sobre el modelo y la matrícula de la motocicleta, así como sobre el destino de la droga y la forma de transporte.
El acusado absuelto sostuvo que se le indicó todo lo que debía declarar y le mostró fotografías del vehículo para que memorizara los datos, afirmando que aceptó por su precaria situación económica y porque su mujer estaba embarazada.
Asimismo, explicó que padece un trastorno mental y del comportamiento, con una discapacidad reconocida del 51%, lo que afecta a su capacidad de comprensión, a su conducta diaria y a la toma de decisiones.
Insistió que le aconsejaron mantener la autoinculpación, asegurándole que no tendría problemas legales.
Durante el juicio también declaró un agente de la Guardia Civil que prestaba servicio el día de los hechos en la inspección de vehículos de la estación marítima.
El agente explicó que el acusado condenado llegó conduciendo la motocicleta y que, tras una primera inspección, el comportamiento del perro detector de drogas motivó un registro más exhaustivo.
Al desmontar el asiento y comprobar el peso anómalo, se localizó la droga, encontrándose el vehículo sin ningún otro tipo de carga.
Tras escuchar la declaración del segundo acusado, la Fiscalía modificó su escrito y retiró la acusación contra él, señalando que se había tratado de una estrategia para eludir la responsabilidad penal de quien fue condenado.
La representante del Ministerio Fiscal calificó los hechos de graves y sostuvo que se había buscado deliberadamente a una persona vulnerable, convenciéndola de que no tendría consecuencias penales si asumía la autoría del delito.
En este sentido, anunció que se interesaría la deducción de testimonio por una posible simulación de delito, y mantuvo la petición de tres años de prisión para el principal encausado.
En su derecho a la última palabra, el acusado condenado insistió en su inocencia y afirmó que los días que había pasado en prisión preventiva le habían afectado gravemente a nivel psicológico.
Finalmente, la jueza dictó sentencia condenatoria contra el primer acusado, imponiéndole una pena de tres años de prisión y una multa de 30.962 euros, con 60 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
La magistrada absolvió al segundo acusado y acordó la deducción de testimonio, al considerar probado que se intentó utilizar a una persona vulnerable para desplazar la culpabilidad penal.
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