España podría ampliar a 35 años el periodo cotizado que se toma como base para calcular las pensiones públicas, una medida que impactaría en todo el país, incluidas ciudades autónomas como Ceuta, con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento de la población.
Un reciente informe económico internacional destaca que la última reforma española se aproxima a las mejores prácticas, tras introducir un sistema de cálculo dual que comenzará a aplicarse gradualmente en 2026.
Con este mecanismo, los trabajadores podrán elegir entre los 29 últimos años de carrera, descartando los dos peores, o los 25 años actuales para calcular su pensión.
Presiones a largo plazo sobre las finanzas públicas
El estudio advierte que el gasto asociado a pensiones, sanidad y cuidados de larga duración podría superar el 25 % del PIB en 2050, lo que hace necesario implementar medidas adicionales. Según el informe, ampliar el periodo de cálculo a 35 años podría reducir el déficit público en 0,9 puntos porcentuales a medio plazo.
Otras recomendaciones incluyen la introducción de un factor de ajuste de la pensión según la esperanza de vida y incentivos para fomentar carreras laborales más largas. Por el contrario, se desaconseja aumentar las cotizaciones sociales, ya que podría afectar al empleo y aumentar la presión fiscal sobre los trabajadores.
La posición del Gobierno español
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido la capacidad del sistema para mantener su viabilidad. España cuenta con herramientas de control, como la cláusula de cierre que activa automáticamente subidas de cotización si se detectan desvíos en los ingresos y gastos.
Además, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) realiza revisiones periódicas. Hasta el momento, su último informe no ha recomendado medidas adicionales, confirmando que las previsiones actuales son suficientes para garantizar la estabilidad del sistema.
Adaptarse a la nueva realidad demográfica
Con estas reformas y controles, España pretende equilibrar la protección de los jubilados actuales con la sostenibilidad futura del sistema, adaptándose a los cambios demográficos y económicos previstos para las próximas décadas.
Las decisiones sobre periodos de cálculo, factores de ajuste y carrera laboral serán clave para garantizar que el sistema de pensiones siga siendo viable y justo para todos los ciudadanos.
Supongo que tambien se exigirá a la clase politica, que deben practicar con el ejemplo.
Pues que se lo apliquen ellos mismos,los políticos que con 4 años llegan a. Obrar un paston