El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, defendió ayer ante el Examen Periódico Universal (EPU) del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas al que se somete el Estado en Ginebra, que la legalización prevista de las devoluciones sumarias de inmigrantes en Ceuta y Melilla, a las que se refirió como “denegación de entrada”, estará “en consonancia con las obligaciones de España en materia de protección internacional y el principio de no devolución”.
El representante de España ha señalado que esta reforma, pensada para “responder a la singularidad geográfica y fronteriza” de Ceuta y Melilla, “está siendo objeto de consultas con instituciones internacionales especializadas” y se encuentra aún en trámite parlamentario. “La respuesta legislativa que finalmente se dé, estará sin duda en consonancia con las obligaciones de España en materia de protección internacional y el principio de no devolución”, aseguró.
Con todo, explicó ante los 97 países que intervienen en este EPU, que “la legislación española regula en dos marcos jurídicos diferentes el retorno”, por un lado, “la devolución, que es para extranjeros interceptados tras haber cruzado ilegalmente la frontera” y, por otro, “la expulsión, para aquellos que han sido hallados en territorio español en situación irregular”.
“Las denegaciones de entrada es algo distinto y se lleva a cabo en Ceuta y Melilla. Esto se da cuando no se produce la entrada sino que el inmigrante es interceptado antes de que tenga lugar y es consecuencia del derecho que nos asiste como Estado soberano y de la obligación como Estado miembro de la Unión Europea, de la que además es frontera exterior, de proteger y salvaguardar sus fronteras. Son medidas efectuadas en virtud de un marco legislativo previo, europeo y nacional”, sentenció.
En este contexto, planteó que ante el “carácter constante, masivo y violento de los asaltos en grupo a los vallados”, las mencionadas “son actuaciones de vigilancia de fronteras, pero también de seguridad interna y de orden público”. “En todo caso, las actuaciones policiales se desarrollan siguiendo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad y teniendo en cuenta la posible existencia de personas vulnerables, primando siempre la atención y asistencia de las mismas”, aseguró.
En su primera intervención en el EPU, el segundo que realiza España (el primero fue en 2010), Ybáñez se refirió asimismo a la situación de las ciudades autónomas para destacar que se encuentran bajo una “extraordinaria presión migratoria con episodios reiterados de asaltos a las fronteras” y reconocer “la situación de sobreocupación” en la que se encuentran los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
“Los CETI son centros de régimen abierto que tienen por objeto la prestación de servicios básicos a migrantes en situación irregular y solicitantes de asilo. Ambos centros, consecuencia de la presión migratoria, se encuentran en una situación de sobreocupación, más grave en Melilla. Para hacer frente a esta situación se ha pedido ayuda a la Comisión Europea para llevar a cabo las necesarias reformas estructurales”, explicó. De la misma forma ha recalcado la importancia de contar con oficinas de asilo en las fronteras.
