El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha iniciado ya los trabajos previos para la elaboración del próximo Plan de Empleo, que será el primero íntegramente gestionado por la Ciudad Autónoma en ocho años. Desde el próximo lunes, los desempleados que acudan a sellar a la Oficina de Empleo y cuyos datos relativos a las cargas familiares no estén registrados en la administración recibirán en ese momento un documento que, una vez cumplimentado, deberán entregar en los tres días siguientes en la sede de la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD).
En este escrito se le solicitará al demandante de empleo que incluya información sobre su estado civil, número de hijos menores de 26 años o mayores de esa edad con algún grado de discapacidad, en vista a la preselección que el servicio de empleo realizará en las próximas semanas para la elaboración del próximo plan, ya que la intención del Gobierno local es comenzar este verano. Además de a este grupo de parados, encuadrados en el grupo 9 (correspondiente al de trabajadores sin cualificación) otros desempleados, que no deben sellar hasta los meses de junio o julio, recibirán en su domicilio el mismo documento para rellenarlo.
Así, el director provincial del SEPE, Carlos Torrado, ha querido realizar un llamamiento a este colectivo, que estará conformado por unas 1.500 personas, para que entregue el escrito incluyendo las cargas familiares, de manera que puedan ser baremados a la hora de iniciar la preselección de beneficiarios del próximo plan.
Torrado ha agradecido la colaboración que, en este sentido, prestarán los técnicos de la UPD, que serán los encargados de recepcionar la documentación. “Si no lo entregan no podremos realizar la baremación de cargas familiares”, añade Torrado, que recuerda que estas cargas son uno de los parámetros evaluables a la hora de seleccionar a los candidatos a un empleo, junto con la antigüedad en el paro, género, pertenencia a un grupo en exclusión social, etc.
Preparativos
El SEPE aún desconoce la propuesta de la Ciudad, así como si mantendrá o no algunos criterios que han marcado estos planes durante los últimos años, como los seis meses de duración, “aunque con independencia de ello, nosotros hemos ya empezado a trabajar en los preparativos”, comenta el director provincial. De hecho, la petición del servicio de empleo de estos datos personales se debe a que son los únicos de los que la administración no dispone, aunque sólo en el caso de que se trate de beneficiarios que no reciben prestaciones sociales, que son aproximadamente el 50%. Esta información se incluirá en la base de datos del SEPE y se utilizará para baremar a los posibles beneficiarios en cuanto se constituyan las distintas comisiones en las que se determinarán los criterios de puntuación así como los cupos para los colectivos en riesgo de exclusión social, como los perteceptores de la RAI; y del discapacitados; mujeres víctimas de violencia de género, personas sin renta, toxicómanos en rehabilitación e internos en tercer grado, entre otros.
Se trata del segundo año que el SEPE lleva a cabo este procedimiento de sondeo, que se realizará sobre los demandantes de empleo que tengan, entre las profesiones por ellos demandadas, las solicitadas en las ofertas presentadas por la administración contratante; siendo el número de desempleados sondeados el doble de los puestos ofertados.
