Uno de sus colaboradores en 2008 podría pasar hasta cinco años en prisión.
Luis J.R., administrador único de la inmobiliaria ‘Generalife’, se enfrenta a dos años de prisión por la supuesta comisión de un delito de estafa. Mohamed A.A., que trabajaba como colaborador del primero en el año 2008, podría llegar a cumplir cinco años de prisión por los mismos hechos. Así lo solicitó el representante del Ministerio Fiscal durante la celebración de un juicio en contra de ambos en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. La acusación pública pidió además que ambos indemnizaran al denunciante 39.200 euros de forma conjunta y solidaria. Los dos letrados de la defensa pidieron la libre absolución de sus patrocinados.
Los hechos por los que ambas personas se sentaron en el banquillo tuvieron lugar entre los meses de agosto y septiembre del año 2008. Según la versión de la acusación, el responsable de la inmobiliaria ‘Generalife’ y su colaborador habrían participado en una operación de venta de dos viviendas situadas en la calle Leandro Fernández de Moratín, en Villajovita. El problema es que lo habrían hecho sin el consentimiento ni la participación de sus legítimos dueños, que fueron los que descubrieron el supuesto engaño.
Luis J.R. se defendió asegurando que no sabía nada de las viviendas en cuestión, que su inmobiliaria no tenía nada que ver con eso y dejando ver en su declaración que el otro acusado, que en aquella época era colaborador de su negocio, se podría haber aprovechado del nombre de la inmobiliaria para llevar a cabo la estafa. Igualmente, negó tener problemas de deudas, tal y como habrían afirmado algunos vecinos.
Por su parte, Mohamed A.A. se limitó a asegurar que él cumplió simplemente las órdenes del responsable de la inmobiliaria y que los hizo todo en acuerdo con el otro acusado. Además, aseguró que en más de una ocasión había tenido que interceder para que agredieran al responsable de la inmobiliaria por unas supuestas deudas.
El denunciante, que fue quien compró las viviendas, explicó que tenía la intención de construir una mezquita en esos terrenos. Preguntó por los mismos y desde la inmobiliaria le hicieron todas las gestiones, llegando a firmar un supuesto contrato de compra-venta y aportando 37.000 euros en metálico. El testigo reconoció que Luis J.R. le había dado un vehículo de la marca Mercedes como garantía de pago por las deudas contraídas en unas operaciones inmobiliarias en las que le cobró un dinero.
Fueron los dueños de las viviendas los que, cuando fueron a venderlas, se dieron cuenta de lo que había pasado. Entonces se hicieron con el contrato de compra-venta y se dirigieron a ‘Generalife’, donde Luis J.R. negó cualquier tipo de vinculación con aquella operación.
La defensa del responsable de la inmobiliaria ‘Generalife’ puso en duda que se produjera alguna operación que implicara el pago de una cantidad económica y aseguró que su cliente no tuvo nada que ver. La representante del otro acusado dijo que su cliente no sabía nada.
