El Grupo Parlamentario Socialista instará al Gobierno de la Ciudad, concretamente a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, en el próximo Pleno de la Asamblea, a iniciar el expediente sancionador contra CEPSA por los vertidos de fuel al mar y a dejar de asumir, innecesariamente, el coste de las labores de limpieza, que deberían ser asumidas por CEPSA como causante del vertido.
Los socialistas argumentan en nota de prensa su propuesta en el hecho de que “aún no se ha incoado expediente sancionador por parte de la Consejería de Medio Ambiente, a CEPSA por los vertidos al mar que han producido importantes daños en el fondo marino y que ni siquiera han podido ser controlados y evaluados; de hecho se siguen produciendo y se hacen visibles en las playas de San Amaro y la Bolera”.
En este sentido, el PSOE crítica que él área “simplemente ha tramitado un expediente informativo, que aún no ha finalizado, en el que se relatan los daños causados y ha cargado con los gastos derivados de las tareas de estudio de impacto ambiental desde dicha fecha”.
Medio Ambiente ha aprobado el plan de trabajo presentado por CEPSA para enmendar los daños causados, que se centran principalmente en la recuperación de la zona en el Muelle de Poniente para cortar la salida de fuel tras la rotura de las tuberías. Esta acción se completa con el plan de contingencia para la contaminación que desde el primer momento puso en marcha la Ciudad Autónoma para frenar la presencia de fuel en el mar y absorberlo en su amplia mayoría, así como para eliminar la presencia de chapapote en las playas. Los socialistas recuerdan que el coste de estas labores que está asumiendo la Ciudad Autónoma “ tiene que ser abonado por CEPSA, como causante del vertido, aunque oficialmente no se ha valorado aún a cuánto dinero asciende ese compendio de facturas”, aseveran los socialistas, que añaden que, “así las cosas, mientras siguen produciéndose vertidos al mar, se está combinando el grupo de medidas correctoras por parte de la Ciudad con el plan de trabajo presentado por CEPSA”.
Desde el GPS apelan al artículo 45 de la Constitución, “que reconoce el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado como condición indispensable para el desarrollo de la persona, al tiempo que establece que quienes incumplan la obligación de utilizar racionalmente los recursos naturales y la de conservar la naturaleza estarán obligados a reparar el daño causado con independencia de las sanciones administrativas o penales que también correspondan”.
También alude al artículo 1 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de que “quien contamina paga”;. Asimismo, el artículo 7 en relación con las Competencias administrativas, dispone que el desarrollo legislativo y la ejecución de esta ley corresponden a las comunidades autónomas en cuyo territorio se localicen los daños causados o la amenaza inminente de que tales daños se produzcan”.
En los mismos supuestos, corresponde a las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla la ejecución de esta Ley.
