“El Partido Popular nos ha querido vender que la Ley de Dependencia ha sido algo ineficaz y que no generaba empleo, cuando ha sido todo lo contrario”, explicó el portavoz socialista en asuntos sociales, quien anunció el inicio de una campaña enfocada a informar a los colectivos de dependientes y sus familiares de las consecuencias de la reducción de gasto.
Desde su entrada en vigor, la Ley de Dependencia ha incorporado más de 770.000 personas, en su mayoría mujeres, al sistema de protección, de ellas 1.265 de Ceuta, el 74% mayores de 65 años y el 54% con más de 80.
En su opinión, lo que subyace en el fondo es el interés del Gobierno de Mariano Rajoy de encubrir una “privatización” de los servicios públicos y destaca que las nuevas restricciones y recortes afectarán al colectivo más vulnerable, que es el que “sobrevive” con las pensiones más bajas. “Este recorte es un nuevo ataque a las personas mayores, a las que afecta la subida del IRPF, el IVA y reduce su poder adquisitivo”.
En el ámbito laboral, el socialista quiso poner de manifiesto que que ha generado en toda España 185.000 empleos directos y 63.000 indirectos “y eso en un contexto de grave crisis económica”. Trasladado a Ceuta, Núñez remarcó la creación y mantenimiento de unos 200 puestos de trabajo en el sector, “que han dado la oportunidad de introducirse en el mercado laboral a un colectivo de mujeres entre los 30 y los 50 años de difícil empleabilidad”.
Por otra parte, manifestó su oposición a retrasar hasta junio de 2015 la incorporación al sistema a los dependientes moderados, unos 440.000 a nivel nacional y unos 800 entre Ceuta y Melilla. “Es una necesidad que estén atendidos y no un lujo como se quiere hacer creer”, añadió, “porque ese acceso hubiera sido sostenible”, matizó. Núñez fue también muy crítico con lo que supondrá la suspensión del convenio especial de Seguridad Social para cuidadores no profesionales, que afecta a 447 ceutíes que desde el próximo año deberán pagarse las cuotas a la Seguridad Social para tener derecho a percibir una pensión en el futuro “ y tener tarjeta sanitaria propia”.
“La Ciudad improvisa”
Pablo Núñez también consideró que la Ciudad “improvisa” en materia de prestaciones sociales, “tal y como ha ocurrido en la partida prevista para el alojamiento alternativo”, indicó ante el agotamiento en los primeros meses del año de los 800.000 euros con los que estaba dotada. “Ya dijimos que asignar esa cantidad a un servicio con un volumen creciente de usuarios era un error y ha sido solo una maniobra para hacer creer que las prestaciones sociales estaban cubiertas”. Por este motivo, aprovechó para pedir “un poco de coherencia” al Gobierno local “y que vean la realidad, porque no puede ser que tengamos prestaciones justas y que ahora con este nuevo reglamento las restrinjan”.
