Las consejerías de Gobernación y Recursos Humanos han rubricado con la emisión de los correspondientes Decretos la propuesta de separación del servicio y pérdida de la condición de funcionario con la que se ha cerrado el expediente abierto al agente de la Policía Local que fue interceptado en octubre de 2014 en el puerto cuando intentaba embarcar hacia Algeciras con 50 kilogramos de hachís ocultos en el vehículo que conducía.
Según han informado a 'El Faro' fuentes que han conocido el contenido de las resoluciones oficiales, la sanción es la máxima que se puede imponer en el ámbito administrativo a un empleado público.
El expediente llevaba meses abierto a la espera de la comunicación oficial de la sentencia judicial sobre el agente, Antonio C.L., que el verano pasado asumió por conformidad una condena de 3 años y 8 meses de prisión por un delito contra la Salud Pública, así como el pago de una multa por importe de 72.703 euros, según informó en julio este periódico.
El Reglamento de la Policía Local establece que la iniciación de procedimientos penales "no impide" la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos pero establece que "la resolución definitiva" de los mismos "sólo podrá producirse cuando la sentencia en el ámbito penal sea firme".
La declaración de hechos penales probados "vincula" a la Administración, cuyas medidas cautelares, en su caso, únicamente pueden prolongarse "hasta que recaiga la resolución definitiva en el procedimiento judicial, salvo en cuanto a la suspensión del sueldo, en que se estará a lo dispuesto en la legislación general de funcionarios".
El agente de la Policía Local permaneció en prisión provisional desde el momento de su detención por parte de efectivos de la UDYCO de la Policía Nacional cuando ya había superado el filtro de la Guardia Civil porque existían pruebas suficientes de su relación con un delito contra la salud pública toda vez que se le detuvo conduciendo el vehículo cargado con la droga.
