Los afectados por las preferentes, acciones y subordinadas están de enhorabuena después de la decisión del Tribunal Supremo de ampliar el plazo de caducidad para interponer la demanda en cuatro años.
En el caso de preferentes y subordinadas se establece hasta 2016, mientras que para las acciones sería en 2017, frente a mayo de este año en que concluía el plazo para presentar denuncia. La ampliación del periodo se debe a la interpretación de una norma “un tanto ambigua” en base a distintos criterios de las Audiencias Provinciales en relación a la fecha tope de presentación de demandas. “Ahora se han unificado y la verdad es que, en atención al importante número de afectados que no han interpuesto ninguna acción, les están dando la última oportunidad porque aun hay mucha gente que piensa que el Gobierno o el banco van a dar una solución”, explica Carlos Alonso, de la firma de Abogados Alonso Hiecke. Y es que en su día, la actuación del Gobierno se limitó a obligar a las entidades bancarias a devolver parte del importe a los afectados, aunque descontando entre un 39 y un 70% en preferentes y subordinadas, mientras que en el caso de las acciones se llegó a descontar hasta un 99,65%. Posteriormente, estos afectados, que fueron obligados a aceptar dichas condiciones han podido presentar sus correspondientes denuncias para recuperar sus inversiones. “Una vez el demandante haya ganado el juicio y reciba su dinero con intereses, se le descontaría esa cantidad que percibieron anteriormente”.
Aunque Alonso estima que existe un importante número de afectados por estos casos en nuestra ciudad, asegura que es imposible de determinar la cifra exacta, en cuanto los bancos “nunca lo van a hacer público”. El letrado apunta a que algunas entidades bancarias pusieron en marcha una estrategia que “intentaba que caducaran las acciones civiles” aunque, a su juicio, lo “más bochornoso” ha sido el arbitraje por el cual el afectado se sometía a una Junta Arbitral de Consumo. “Designaron a árbitros que no son expertos en la materia y requerían de un informe previo de una asesoría que ya incluso indicaba la cantidad a recuperar”. Alonso insiste en que el arbitraje ha alcanzado tal punto que el Tribunal Superior de Justicia “lo ha declarado nulo por atentar contra el orden público en el que entra la legalidad”.
Alonso insta a los ciudadanos afectados a denunciar los casos, cuyo porcentaje de demandas ganadas desde 2012 por su bufete es del 100%. Además, una vez emitida la sentencia en un plazo de unos dos meses máximo, y en caso de no presentarse recurso por la parte contraria, el demandante puede recibir el dinero en un tiempo breve. Este bufete también ofrece la posibilidad de demandar sin tener que desembolsar ninguna cantidad previa, “ni fondo de provisión, ni procurador y no existen tasas. Cuando cobre el cliente cobramos nosotros y si pierde el juicio no se le cobra nada”.
Cuantías de hasta un millón
El número de demandas aumenta constantemente y, sólo el pasado mes de mayo, se interpusieron 60 denuncias, en su mayoría de acciones, y las expectativas son buenas, “esperamos alcanzar los cien de aquí a final de año”.
Las cuantías a recuperar son “bastante importantes”, asegura, variando la media de acciones en 6.000 euros, aunque pueden alcanzar los 60.000. Sin embargo en el caso de preferentes y subordinadas, la cuantía medía sobrepasa los 100.000 y 200.000 euros e incluso en alguna ocasión superaba los 400.000 o el millón de euros.
