El Ejecutivo local optó ayer por desandar un buen trecho del camino recorrido hacia la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el documento que debe definir buena parte del futuro de la ciudad y cuya última actualización se remonta a los lejanos años 90.
La decisión adoptada por el Consejo de Gobierno no es menor: implica revocar y dejar sin efecto la aprobación inicial del texto que ya recibió el visto bueno del Pleno de la Asamblea hace justo un año, en agosto de 2014. No se partirá de cero, puntualizó ayer el portavoz, Jacob Hachuel, sino que a partir del proyecto que se suponía casi cerrado se abre ahora un nuevo periodo que “lo actualizará, lo enriquecerá” y, defendió el consejero, “se hará con más consenso”.
Pregunta recurrente: ¿por qué? Según detalló ayer Hachuel, esa sorprendente marcha atrás asienta su justificación en el “elevado número de alegaciones con fundamento” y “sugerencias” que la Consejería de Fomento ha recibido en los últimos meses por parte de organizaciones políticas y entidades ciudadanas. Sería, enfatizó, una puerta abierta del Gobierno al entendimiento, sobre todo con el resto de fuerzas políticas tras la nueva composición de la Asamblea surgida de las urnas el pasado mes de mayo. “Estamos dispuestos a escuchar a todo el que tenga algo que decir en positivo”, aclaró Hachuel.
No era el único argumento a favor del borrón y cuenta nueva. El Gobierno habría escuchado también las voces de constructores y promotores, preocupados por la paralización en la concesión y autorización de licencias hasta que el nuevo PGOU viera la luz. Revocada la aprobación inicial, esas peticiones se regirán ahora por el documento anterior, el de los años 90, de forma que la maquinaria administrativa puede comenzar a alimentarse de nuevo. Y eso, en épocas de reactivación económica y presumible superación del túnel de la crisis, es una oportunidad que la Ciudad parece no estar dispuesta a desaprovechar. “Creemos que se dinamizará la actividad. No podemos desaprovechar la ocasión que brinda ahora la financiación bancaria, que está dispuesta a conceder de nuevo créditos. No podemos bloquear a los constructores ni obstaculizar la revitalización de la economía”, confirmó.
El Ejecutivo, tras sopesar esos condicionantes, no ordena volver literalmente a la casilla de salida, pero casi. El nuevo PGOU, una vez incorporadas esas sugerencias –de las que el consejero no detalló número ni naturaleza para ser tan determinantes– , tendrá que recorrer la misma senda del ahora revocado: exposición pública y, sobre todo, nuevo trámite de aprobación en Pleno. Traducido en hojas de calendario, Hachuel auguró que la aprobación inicial del documento ya reformado debería estar finiquitada en el plazo de un año. La versión definitiva, la que se supone que no admitirá más retoques y debería tener larga vida, vería la luz a los 24 meses. Es decir, dos años completos contados a partir de ahora.
“Tendremos el mejor PGOU para esta ciudad”, insistió ayer Hachuel antes de defender que el Gobierno del que forma parte pensó “que el documento era el mejor, pero tras recibir tantas sugerencias y tan acertadas” ha decidido echar el freno y accionar la marcha atrás.
El documento ahora revisable fue elaborado por Prointec, una empresa de dimensión nacional con la que la Ciudad ha trabajado durante los siete últimos años. A principios de 2015, la por entonces consejera de Fomento, Susana Román, adelantó que su departamento confiaba en aceptar el máximo de alegaciones propuestas siempre que respetaran la filosofía general del proyecto. De hecho, los técnicos municipales analizaron durante meses esas sugerencias presentadas por partidos y asociaciones para darles respuesta.
Las recomendaciones se recogieron en una oficina que se abrió con ese fin en el edificio Ceuta Center en septiembre de 2014. Cerrado el plazo para presentarlas, se estudiaron y se trasladaron a Madrid para que el Ministerio de Fomento, que es quien ostenta la competencia de la aprobación final, diese su veredicto. Tendrá que volver a hacerlo.
