El PDSC ha denunciado que la Ciudad todavía no ha acatado una sentencia firme del Tribunal Supremo en base a la cual quedaban inhabilitados dos policías locales, con pérdida de su trabajo.
La sentencia condenatoria inicial fue dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta en julio de 2012, siendo posteriormente ratificada por el Supremo en junio de 2013 y habiéndose denegado con posterioridad el indulto que fue solicitado.
El partido que lidera Tarek Mizzian (hijo de la víctima por la que fueron condenados estos dos agentes) ha calificado la actitud del Gobierno de “desleal e irresponsable” por cuanto aún no se ha acatado el fallo judicial correspondiente y “se mantiene en servicio activo a estos dos policías condenados en nuestras calles habiéndoles sido notificadas las sentencias condenatorias a la Ciudad Autónoma”, exponen en un comunicado.
El PDSC critica al Ejecutivo por no “aplicar la ley” siendo “desleal con los tribunales de justicia” y demostrando una “actitud irresponsable”, añade.
La propia Ciudad Autónoma, conocedora de las sentencias, remitió un escrito a la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta, para pedirle asesoramiento sobre la decisión que se debía tomar en relación a estos dos agentes. El escrito es de octubre de este año y en el mismo el actual consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, pide a la Sala que aclare a la Consejería si la suspensión de la pena accesoria de inhabilitación especial que fue acordada para ambos agentes conlleva o no la pérdida de su condición de funcionarios o, por el contrario, pueden mantener dicha condición mientras se mantenga la suspensión de la pena que se acordó en mayo de 2014. “Habida cuenta de la trascendencia de la decisión a tomar y de la diferencia de criterio a la hora de entender los efectos jurídicos de la suspensión de la inhabilitación especial impuesta como pena accesoria a los policías afectados, entiendo que es imprescindible conocer el criterio de la Sala a fin de proceder según se dictamine al efecto, todo ello reforzado por cuanto la resolución definitiva de este asunto afecta directamente a la ejecutoria de una sentencia firme cuya decisión final corresponde al tribunal sentenciador”. La Sala tardó nada y menos en responder a dicho escrito con un mensaje obvio: “Esta Sala no puede ni debe asesorar al órgano ejecutivo de esta Ciudad conforme al artículo 117 de la Constitución”, despachó la Audiencia. Es ahora la Ciudad la que debe aclarar qué hacer, ya que la advertencia del PDSC es clara y señala que acudirá a los tribunales si no hay respuesta después del próximo 6 de enero.
Lo que dijo la Audiencia
Los dos agentes de la Policía Local a los que hace referencia la denuncia del PDSC fueron condenados por un delito de lesiones tras una intervención llevada a cabo en un control de tráfico. Después de que el Tribunal Supremo ratificara la pena de prisión y solo rebajara de dos años a uno y diez meses la de inhabilitación especial para el ejercicio de la función de policía local, la Audiencia en Ceuta dictó un auto por el que se suspendía esa pena de prisión, dando traslado directamente a la Administración local la responsabilidad de iniciar un expediente disciplinario.
