Estas palabras cobran importancia después de que el debate tras el 6-F haya derivado a la existencia de disparidad de criterios entre gobernantes y miembros de las fuerzas de seguridad. De hecho la oposición ha acusado al Gobierno de “cobarde” al insistir en que está intentando esconderse detrás de la Guardia Civil.
El ministro insiste en que si en algún momento se produce “una circunstancia que se aparta del modelo de comportamiento, el Estado de derecho actúa” ya que “no se puede poner en cuestión a instituciones como la Policía y la Guardia Civil, que tienen como norma de conducta precisamente velar por la seguridad y libertad de sus conciudadanos y cumplir y hacer cumplir la ley en todo momento”, señala.
También ha querido reconocer públicamente la labor de las autoridades marroquíes y su colaboración para “hacer frente a esas migraciones masivas”. Fernández Díaz ha recordado la misión que la ley encomienda a la Guardia Civil de impermeabilizar las fronteras españolas e impedir que se entre ilegalmente en España, pero también la obligación de las personas que quieren entrar en nuestro país de cumplir las leyes y hacerlo de forma legal, por los pasos fronterizos habilitados al efecto “y no usando la fuerza e intentando entrar masivamente”.
De que no haya entradas ilegales “se está encargando ejemplarmente la Guardia Civil, con la colaboración en la admisión y control de la inmigración que corresponde a la Policía”, ha puntualizado.
Algo que están haciendo en toda España, y de manera muy particular y en situaciones muy difíciles, en Ceuta y Melilla, según el ministro, quien ha vuelto a insistir en que ambas ciudades autónomas no sólo son frontera terrestre de España, sino también de la Unión Europea.
Además de luchar para que esas personas puedan tener las mismas posibilidades y desaparezcan las desigualdades, España tiene “el derecho y deber” de controlar sus fronteras, ha resaltado Fernández Díaz. Pero para ello tiene que contar también con la ayuda de la Unión Europea, ya que España, por ser frontera, está haciendo un esfuerzo especial en materia de inmigración, aunque no puede combatir en solitario “ese tráfico criminal que pretende introducir a miles de personas de forma ilegal”.
El PP insiste en actuar en devoluciones
El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, considera que “cambiar la Ley de Extranjería y posibilitar la devolución en caliente” es una de las líneas en las que “hay que actuar” para frenar la fuerte presión migratoria que existe en Ceuta y Melilla. Hernando no ha querido desvelar si se planteará una reforma urgente de la legislación en el Debate del Estado de la Nación que comienza hoy en el Parlamento. “Tenemos la capacidad de presentar 15 resoluciones”. Para el dirigente popular es “importante” que la legislación se adapte a “la voluntad de actuación del Gobierno” y ha recordado que la legislación actual ha propiciado la actuación de las mafias porque “la ley de extranjería dice que cuando pisan suelo español, se les identifica” y, si no se consigue, “se le mete en un CIE y cuando pasa un tiempo se acaban soltando".
Amnistía lanza una campaña y pide que haya responsables
Amnistía Internacional ha anunciado la puesta en marcha de una campaña online que exige que se depuren responsabilidades tras la muerte de los 15 subsaharianos así como el fin de la devolución sobre la marcha de cuantos consiguen alcanzar España, una práctica que, recuerdan, “es ilegal” y vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Según explica la organización, reformar la Ley de Extranjería, como plantea el Ministerio del Interior, para dar amparo legal a esta práctica por la que los 23 inmigrantes que consiguieron alcanzar Ceuta el día de la tragedia fueron entregados directamente a Marruecos usando una puerta de la valla fronteriza, no es una opción.
“Las expulsiones colectivas y ‘en caliente’ son una práctica ilegal que consiste en obligar sumariamente a un grupo de inmigrantes a cruzar la frontera de vuelta sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley nacional vigente y diferentes normas internacionales, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, asegura el director de AI en España, Esteban Beltrán.
En este sentido, recuerdan que ‘agilizar’ la devolución de los inmigrantes en aplicación del convenio de readmisión firmado y vigente con Marruecos tampoco exime a España de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos: “Cualquier acuerdo debe contemplar garantías claras y efectivas de respeto y protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas”.
