Los resultados de las pruebas de ADN y la confirmación de que Adou es el hijo de Lucie y Alí Ouattara han terminado por servir para romper el círculo en el que se había visto atrapada esta familia, cuya historia se enmarca en uno más de los casos de inmigración clandestina que se suceden a uno y otro lado de la frontera.
Que se confirme esa vinculación biológica permitirá, primero, que el próximo lunes el menor pueda ser entregado a su madre, para que ésta lo traslade hasta Puerto del Rosario, en Fuerteventura, donde reside otra de sus hermanas. Después, servirá también para que la situación procesal en la que se encuentra el cabeza de la familia, preso en una cárcel de Sevilla, varíe. Y es que, ya de entrada, el Ministerio Fiscal solicitó ayer a la titular del juzgado de instrucción número 5 la puesta en libertad bajo fianza de 5.000 euros de Alí Ouattara. Ahora queda que la magistrada dicte auto con la decisión que se adopte para que, casi un mes después de su detención, este costamarfileño, imputado por favorecer la entrada de su hijo en una maleta, quede en libertad y se reúna con su familia a la espera de que se celebre la vista oral. La Red de Inmigración, que es la que está apoyando a la familia y pagando su Defensa, se ha congratulado por esta decisión y ha recordado que el mantenimiento de la prisión era una medida “no sostenible” contra la que se opusó no solo esta entidad, sino más de 70.000 ciudadanos que son los que han firmado la petición de puesta en libertad propuesta a través de la plataforma change.org. “Esta victoria colectiva, creada gracias a la presión de toda la sociedad civil organizada así como de expertos y juristas sensibilizados entorno al caso, provoca que desde la Red Española de Inmigración se tenga esperanza hacia los futuros cambios normativos que esperan se puedan aplicar en lo sucesivo para evitar que esto vuelva a suceder. Hoy comienza a resarcirse, de forma muy tímida, a una familia que ha sufrido de forma notable por un sistema de reagrupación injusto y que ha conmovido a toda la sociedad. España”, expresa la Red. No obstante, el cambio de criterio de la Fiscalía nada ha tenido que ver con esa presión, sino más bien ha obedecido al conocimiento oficial de los resultados de las pruebas de ADN.
