El Ministerio de Presidencia ha confirmado la postura del Gobierno de no aplicar al plus de residencia el recorte salarial. Así se acordaba en la reunión que ayer mantuvo el consejero de Hacienda, Francisco Márquez, con la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Rumí. Márquez expresaba a la secretaria de Estado su preocupación por la posibilidad de que la indemnización de residencia se viera afectada por las reducciones salariales que se llevarán a cabo en aplicación del Real Decreto-ley (8/2010, de 20 de mayo) por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. El Gobierno local no sólo considera que el recorte salarial no debe aplicarse a este plus en el caso de los trabajadores de la Ciudad, como ha demostrado salvándolo del recorte –por su carácter indemnizatorio, en lugar de retributivo–, sino que también esta misma interpretación debe hacerse extensiva a todos los empleados de la Administración General del Estado en Ceuta. “Este esfuerzo interpretativo ha sido corroborado y confirmado” por la secretaria de Estado, anunciaba Márquez, no sin antes mostrar su satisfacción por esta noticia.
Esta interpretación supondrá que el recorte salarial que sufrirán todos los trabajadores afectados sea inferior. “Es una gran noticia porque de este modo se reduce el impacto negativo que la reducción salarial tendrá en la economía de la ciudad, y sobre todo en el consumo”, explicó respecto al resultado de esta reunión desarrollado en un tono cordial y en coherencia con el principio de la lealtad institucional que siempre han presidido las relaciones entre las dos administraciones.
En la reunión Rumí ha solicitado la cooperación de la Ciudad para alcanzar los objetivos que en el ámbito de la Función Pública se ha planteado el Ministerio de Presidencia y que se materializará en una nueva ley. En este sentido, el consejero ha asegurado a Rumí que la Ciudad tendrá siempre un “espíritu colaborador”.
Por último, Rumí y Márquez han conversado acerca de la posibilidad de acordar la reducción de las cargas administrativas a las que deben hacer frente los ciudadanos, cuestión que sería objeto de un acuerdo formal con medidas concretas. La simplificación y la eliminación de trámites serán algunos de los beneficios que podrían tener los ceutíes.
